La urbanización de la calle del alcalde volvió a obligar ayer a que la junta de gobierno se reuniese de forma urgente y extraordinaria, como ya hiciera el pasado viernes, para abrir un expediente de revisión de oficio del acuerdo por el que se acordó la devolución del aval al alcalde.
En aquel momento, se consideraba que, con ese mero acuerdo, se suspendía la caducidad del expediente, que ayer cumplía su plazo. No obstante, según fuentes municipales, un informe de una técnico de administración general del propio viernes apuntaba a que para evitar la caducidad del expediente "no basta con que se inicie el procedimiento, sino que será necesario que se hubiera efectivamente dictado resolución acordando lesividad (que implicaría el pago de casi 28.000 euros por parte del alcalde)".
Ante esta situación, Agustín Fernández registró, con fecha del 14 de abril, un escrito renunciando a formular alegaciones "por razón del cargo de alcalde que ostento", si bien aclara que "ello en absoluto significa la conformidad con el acuerdo adoptado ni con el que parece que va a adoptarse vista la precipitación e improvisación con la que se está actuando". Fuentes municipales aseguraban que el banco al que se pagó el aval tiene derecho a presentar alegaciones, lo que implicaría la prolongación del procedimiento y, por tanto, la prescripción del mismo, añadiendo que la cuestión debe ser analizada por los jurídicos municipales, que son los que determinarán cuál es la situación.
En la junta de gobierno también se acordó que "non procede practicar liquidacións en concepto de exaccións urbanísticas", tal y como proponía el interventor en su informe para el caso de prescripción. Ello se debe al mismo informe jurídico del pasado 11 de abril, en el que se recoge que estas exacciones urbanísticas afectan a suelo urbano no consolidado -el del alcalde sería consolidado-.
LICENCIA DE OCUPACIÓN
Por último, la junta de gobierno acordó la revisión de oficio del acuerdo del 18 de enero de 2007, por el que la junta de gobierno del PP concedió licencia de ocupación a la vivienda del alcalde, a pesar de contar con un informe desfavorable -también uno favorable- por no estar hechas los trabajos de urbanización a las que se supeditaba el permiso de obra concedido al regidor.
