La Audiencia se declaró incompetente para juzgar la trama de simulación de accidentes
La Audiencia Provincial de Ourense se declaró ayer "no competente" en el caso de la Operación Aleta, la macrocausa por estafas a aseguradoras al simular accidentes de tráfico entre los años 2006 y 2011 y que sentó en el banquillo a diez acusados, para los que la Fiscalía pide penas comprendidas entre los cinco meses y trece años de prisión por delitos de estafa, simulación de delito, falsificación en documento mercantil y receptación. El magistrado y presidente de la Audiencia, Antonio Piña, acordó "devolver" el asunto al juzgado mixto de Trives, donde se inició la primera instrucción en 2010, y que este remitirá al Juzgado de lo Penal. Piña entiende que la atribución competencial corresponde al órgano penal porque las estafas–los delitos han de juzgarse uno a uno– no son agravadas y no superan los 50.000 euros. "Si el caso lo trata el Juzgado de lo Penal, las partes podrían apelar a la Audiencia y no perderían una instancia, por eso hemos decidido no continuarlo", explicó el juez.
El fiscal, Mario Brualla, y todos los miembros de la acusación particular mostraron su desacuerdo con la decisión, que retrasará la vista oral de una trama destapada en 2010 y que llegó a cercar a 50 personas, entre detenidos e investigados. "Si se separan cada uno de los delitos, va a ser una lentitud terrorífica", declaró Xosé Lois Brea, letrado de una de las aseguradoras. "Entendimos que la Audiencia Provincial era la competente teniendo en cuenta que los hechos y los efectos económicos se producían en Ourense", añade. Con todo, la posibilidad de presentar un recurso de casación la valorarán "tras leer con mucho cuidado el auto". El magistrado aclara que el caso "no se individualizará".
Modus operandi
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros dieron a las compañías aseguradoras partes de accidentes de tráfico no reales, aprovechando que uno de los acusados, Santos–para el que se pide la pena más dura de 13 años de prisión–tenía un taller de coches en A Valenzá, y que el acusado F., "aunque en menor medida", tenía un hermano con otro taller de reparación de automóviles. "Fingían inexistentes siniestros en la carretera o en la calle de una ciudad, de los que una a veces daban parte escrito y otras telefónico" tras lo que obtenían en varios casos una indemnización" .
