El ya conocido como 'viernes negro' para el conjunto de la sociedad pero también para los funcionarios, generó en la ciudad y en varios puntos de la provincia múltiples movilizaciones, con el vano intento, por el momento, de frenar al Gobierno de Mariano Rajoy a dar marcha atrás en su paquete de recortes.
Y las protestas continuaron con intensidad por la tarde, generando momentos de tensión ante la sede del Partido Popular (calle Progreso), obligando a la intervención de la Policía Nacional, que no detuvo a ningún manifestante según la Comisaría, y de los Bomberos porque grupos de jóvenes antisistema e 'indignados', convocados desde las redes sociales, accedieron al portal del edificio donde está la sede y arrojaron basura. Al llegar al entresuelo quemaron unos papeles pero no accedieron al interior, al estar la puerta cerrada.
Por la mañana, mientras el Consejo de Ministros rubricaba la subida del Iva, la reducción de un 30% de los concejales de España (esto para 2015), la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios y la caída a la mitad de sus días moscosos, entre una marea de medidas económicas que tienen el objetivo de alcanzar el déficit que impone la Unión Europea y poner fin a la presión de los mercados financieros sobre la deuda española, los sindicatos y centenares de empleados públicos salieron a la calle en distintos puntos de la ciudad y en las villas.
Estaban inicialmente programadas dos concentraciones una en la Praza Maior y otra ante la Subdelegación del Gobierno, que al final se convirtió en una manifestación que llegó hasta la delegación de la Xunta en Ourense, generando momentos de caos de circulación por su carácter improvisado. Pero a los funcionarios locales -apoyados por concejales socialistas y nacionalistas como Marga Martín, Martínez-Pedrayo o Marta Arribas- y a los sindicatos se unieron, desde el Pazo de Xustiza, los trabajadores judiciales; desde la prisión de Pereiro, los empleados de la cárcel; y desde el Complexo Hospitalario, médicos, enfermeros y auxiliares; incluso muchos hicieron constar su protesta en sus centros de trabajo, como los de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que acudieron vestidos de negro en un día que ya llaman también el 'viernes negro'.
Ayer, la macroeconomía no supo de comprensión cuando los funcionarios vieron como recorte merma las nóminas, encarece los precios y parece demonizar a un sector de la clase trabajadora, el de los empleados públicos, especialmente en una provincia y en una ciudad como Ourense donde los servicios -administración, comercio y hostelería- son los pilares de la economía, ahora que la construcción emprendió la caída libre y el tejido industrial se ha vuelto más frágil, como definían ayer los agentes sociales.
Ocurre que, argumentaba ayer el responsable sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Etelvino Blanco y un día antes los responsables comerciales Aurelio Gómez Villar y Emilio González, la supresión de la paga extra de Navidad a 22.800 empleados públicos incidirá directamente en el pequeño comercio -las compras de Navidad, por ejemplo, se resentirán- y en la hostelería -adiós a muchas cenas y a momentos de ocio en bares y restaurantes-, generando despidos y una situación económica aún más complicada. Todo para 'favorecer á banca en detrimento da clase traballadora', dijo Blanco. 'É unha cacería ós funcionarios e ademáis non se crea emprego nin se recupera a economía', alegaba Fernández Celis, de UGT.
Por la mañana, mientras el Consejo de Ministros rubricaba la subida del Iva, la reducción de un 30% de los concejales de España (esto para 2015), la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios y la caída a la mitad de sus días moscosos, entre una marea de medidas económicas que tienen el objetivo de alcanzar el déficit que impone la Unión Europea y poner fin a la presión de los mercados financieros sobre la deuda española, los sindicatos y centenares de empleados públicos salieron a la calle en distintos puntos de la ciudad y en las villas.
Estaban inicialmente programadas dos concentraciones una en la Praza Maior y otra ante la Subdelegación del Gobierno, que al final se convirtió en una manifestación que llegó hasta la delegación de la Xunta en Ourense, generando momentos de caos de circulación por su carácter improvisado. Pero a los funcionarios locales -apoyados por concejales socialistas y nacionalistas como Marga Martín, Martínez-Pedrayo o Marta Arribas- y a los sindicatos se unieron, desde el Pazo de Xustiza, los trabajadores judiciales; desde la prisión de Pereiro, los empleados de la cárcel; y desde el Complexo Hospitalario, médicos, enfermeros y auxiliares; incluso muchos hicieron constar su protesta en sus centros de trabajo, como los de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que acudieron vestidos de negro en un día que ya llaman también el 'viernes negro'.
Ayer, la macroeconomía no supo de comprensión cuando los funcionarios vieron como recorte merma las nóminas, encarece los precios y parece demonizar a un sector de la clase trabajadora, el de los empleados públicos, especialmente en una provincia y en una ciudad como Ourense donde los servicios -administración, comercio y hostelería- son los pilares de la economía, ahora que la construcción emprendió la caída libre y el tejido industrial se ha vuelto más frágil, como definían ayer los agentes sociales.
Ocurre que, argumentaba ayer el responsable sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Etelvino Blanco y un día antes los responsables comerciales Aurelio Gómez Villar y Emilio González, la supresión de la paga extra de Navidad a 22.800 empleados públicos incidirá directamente en el pequeño comercio -las compras de Navidad, por ejemplo, se resentirán- y en la hostelería -adiós a muchas cenas y a momentos de ocio en bares y restaurantes-, generando despidos y una situación económica aún más complicada. Todo para 'favorecer á banca en detrimento da clase traballadora', dijo Blanco. 'É unha cacería ós funcionarios e ademáis non se crea emprego nin se recupera a economía', alegaba Fernández Celis, de UGT.
