Aunque muchas construcciones en Galicia parezcan indicar lo contrario, incumplir la normativa urbanística no siempre es gratuito y puede acarrear graves consecuencias a los infractores. Así lo demuestra la memoria de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que el año pasado impuso sanciones en la provincia que sumaron 1.156.303 euros y ordenó demoler nueve inmuebles, seis de los cuales eran viviendas unifamiliares.
El concello de San Cibrao das Viñas, con cinco edificaciones derribadas, se llevó la palma en lo que a demoliciones se refiere, seguido de Verín (dos), Amoeiro y Muíños. Así, los primeros derribos se produjeron en marzo y afectaron a dos viviendas unifamiliares que habían sido construidas en suelo rústico de protección agropecuaria en Soutopenedo (San Cibrao). En esta zona se ubicaban también otra vivienda derribada en mayo -por la misma infracción, calificada de 'moi grave' como las anteriores- y una última en octubre, ubicada en suelo rústico de protección forestal y de aguas.
EN TERRENO RÚSTICO
Según el alcalde del municipio, Manuel Pedro Fernández, los expedientes urbanísticos se abrieron después de que fueran denunciadas estas casas por una particular -a la que también le habían derribado la vivienda, según el regidor-. 'Estaban construidas en terreno rústico, sin licencia', explica Fernández, quien añade que 'no se pudo hacer nada. Al haber una denuncia de estas características, fue todo muy rápido y no pudimos hacer modificaciones en el Plan (de Urbanismo)'.
Además de las casas, en San Cibrao fue derribado también un almacén. Los otros edificios demolidos por orden de la Axencia fueron la ampliación de una nave industrial, que afectaba a una zona verde en Verín, y una vivienda en construcción en este mismo municipio. Tampoco estaba finalizada la nave industrial que fue derribada en Muíños por estar en suelo rústico de protección de los espacios naturales ni otra vivienda unifamiliar derruida en Amoeiro. Las órdenes de demolición llevaron consigo 116 multas coercitivas por importe de 541.600 euros.
Así las cosas, las viviendas afectadas tuvieron peor suerte que las siete que habían sido construidas de forma ilegal en parcelas no edificables -de protección paisajística y del cauce del Miño- en Vilariño (Pereiro de Aguiar), y que podrán ser legalizadas después de que el Concello hubiera modificado su Plan Xeral, calificando el suelo como rural, cambio que ya fue aprobado el pasado diciembre por el Consello de la Xunta. De esta forma, se daba carpetazo a una situación iniciada en 2006 y que amenazaba con la demolición de estas casas.
También en Vilamartín, el Concello prevé legalizar una veintena de casas y naves industriales con un Plan Xeral que será aprobado a lo largo de este año. No obstante, dos casas quedarán fuera y su regularización es complicada.
EN TERRENO RÚSTICO
Según el alcalde del municipio, Manuel Pedro Fernández, los expedientes urbanísticos se abrieron después de que fueran denunciadas estas casas por una particular -a la que también le habían derribado la vivienda, según el regidor-. 'Estaban construidas en terreno rústico, sin licencia', explica Fernández, quien añade que 'no se pudo hacer nada. Al haber una denuncia de estas características, fue todo muy rápido y no pudimos hacer modificaciones en el Plan (de Urbanismo)'.
Además de las casas, en San Cibrao fue derribado también un almacén. Los otros edificios demolidos por orden de la Axencia fueron la ampliación de una nave industrial, que afectaba a una zona verde en Verín, y una vivienda en construcción en este mismo municipio. Tampoco estaba finalizada la nave industrial que fue derribada en Muíños por estar en suelo rústico de protección de los espacios naturales ni otra vivienda unifamiliar derruida en Amoeiro. Las órdenes de demolición llevaron consigo 116 multas coercitivas por importe de 541.600 euros.
Así las cosas, las viviendas afectadas tuvieron peor suerte que las siete que habían sido construidas de forma ilegal en parcelas no edificables -de protección paisajística y del cauce del Miño- en Vilariño (Pereiro de Aguiar), y que podrán ser legalizadas después de que el Concello hubiera modificado su Plan Xeral, calificando el suelo como rural, cambio que ya fue aprobado el pasado diciembre por el Consello de la Xunta. De esta forma, se daba carpetazo a una situación iniciada en 2006 y que amenazaba con la demolición de estas casas.
También en Vilamartín, el Concello prevé legalizar una veintena de casas y naves industriales con un Plan Xeral que será aprobado a lo largo de este año. No obstante, dos casas quedarán fuera y su regularización es complicada.
