Las mujeres podrán abortar en los casos de violación hasta las doce semanas y en los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la 22, según el anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado ayer por el Gobierno, que limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, eliminando el referido a las malformaciones del feto, salvo en caso de que se demuestren anomalías incompatibles con la vida del nasciturus y un riesgo psíquico o físico de la madre.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma 'libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal' y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno. 'Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985', dijo, algo que apoyó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegurando que se siente tan 'cómoda' como lo estaba con la ley de 1985.
El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, muy cuestionado desde la oposición política y buena parte de la sociedad, establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no es 'en sí misma una disminución de derechos de protección'. Para poder abortar, la anomalía del feto o el embrión, explicó Gallardón, deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico.
RIESGO DE GRAVEDAD
En el caso de violación, la mujer deberá aportar la denuncia de la misma para poder interrumpir el embarazo, que podrá realizarse en este supuesto hasta la semana 12 de gestación. Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique .
Si la gestación supone un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes, no habrá limite de tiempo para aportar.
Como ya anunció en varias ocasiones el ministro, las menores que quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas.ç
El anteproyecto regula también la objeción de conciencia de los profesionales, y acaba con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto.
La reforma prevé además penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que la practiquen con consentimiento de mujer, y de 4 a ocho años de presión si se hace bajo amenaza o engaño.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cargó contra la reforma y se comprometió a defender la 'libertad' de las mujeres y a 'recuperarla cuanto antes si el PP cumple su amenaza' mientras su número dos, ElenaValenciano, apeló a la conciencia de las diputadas del PP. Esta apelación obtuvo respuesta de la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, que aseguró que las diputadas de su grupo parlamentario tienen la conciencia 'muy tranquila'.
La Sociedad Española de Contracepción criticó el anteproyecto porque supone una 'peligrosa vuelta atrás', mientras la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo aseguró que establece unos supuestos 'prácticamente imposibles de cumplir'.
El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, muy cuestionado desde la oposición política y buena parte de la sociedad, establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no es 'en sí misma una disminución de derechos de protección'. Para poder abortar, la anomalía del feto o el embrión, explicó Gallardón, deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico.
RIESGO DE GRAVEDAD
En el caso de violación, la mujer deberá aportar la denuncia de la misma para poder interrumpir el embarazo, que podrá realizarse en este supuesto hasta la semana 12 de gestación. Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique .
Si la gestación supone un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes, no habrá limite de tiempo para aportar.
Como ya anunció en varias ocasiones el ministro, las menores que quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas.ç
El anteproyecto regula también la objeción de conciencia de los profesionales, y acaba con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto.
La reforma prevé además penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que la practiquen con consentimiento de mujer, y de 4 a ocho años de presión si se hace bajo amenaza o engaño.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cargó contra la reforma y se comprometió a defender la 'libertad' de las mujeres y a 'recuperarla cuanto antes si el PP cumple su amenaza' mientras su número dos, ElenaValenciano, apeló a la conciencia de las diputadas del PP. Esta apelación obtuvo respuesta de la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, que aseguró que las diputadas de su grupo parlamentario tienen la conciencia 'muy tranquila'.
La Sociedad Española de Contracepción criticó el anteproyecto porque supone una 'peligrosa vuelta atrás', mientras la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo aseguró que establece unos supuestos 'prácticamente imposibles de cumplir'.
