Las principales entidades de educación privada concertada apelan a la libertad de enseñanza y de elección de los padres, a sentencias judiciales y tratados internacionales para rechazar que se quiera impedir la financiación pública de los centros que eduquen de forma separada por sexos. El artículo 16.2 del anteproyecto de ley de igualdad de trato establece: 'En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública'.
Escuelas Católicas recuerda que promueve la coeducación en sus centros, aunque defiende la libertad de enseñanza como un derecho. 'Los poderes públicos deben reconocer y garantizar los derechos establecidos en la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales ratificados por España, y no pueden discriminar tanto a los centros que optan por un modelo pedagógico debidamente contrastado, como a las familias que lo eligen'. Añade que la educación diferenciada 'no es discriminatoria ni desde el punto de vista legal ni jurídico'.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza se expresa en términos similares: 'El anteproyecto es contrario a la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución'.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza se expresa en términos similares: 'El anteproyecto es contrario a la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución'.
