En Francia, las multas por fumar en lugares públicos pueden llegar a los 450 euros para los infractores

Portugal inicia el año 2008 con una oleada de protestas contra la nueva ley antitabaco

Una mujer fuma en la terraza de una cafetería.
La nueva ley que entró en vigor ayer en Portugal y que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados y establecimientos comerciales ya levantó la primera ola de protestas y demandas de alteración de su articulado. Tambien en Francia, el tabaco desapareció ayer definitivamente de bares, discotecas, casinos y restaurantes franceses, en virtud de un decreto (que estaba en moratoria desde el 1 de febrero) del Gobierno que, en el caso de no ser respetado, supondrá la aplicación de multas para los infractores.
El tabaco desaparece de bares, restaurantes, discotecas y casinos portugueses, y la ola de reacciones no se ha hecho esperar. Francisco Tadeu, presidente de la Asociación Nacional de Discotecas, lanzó ya una campaña para que estos establecimientos fuesen excluidos de la referida ley. La recogida de firmas comenzó ayer y Tadeu espera que antes del 20 de enero pueda tener en su poder más de 4.000 firmas que hagan posible un nuevo debate sobre el asunto en el Parlamento. Por su parte, los responsables de la Asociación Nacional de Restaurantes se quejaron de que la Dirección General de Salud y la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) han ofrecido informaciones ’contradictorias’ a los comerciantes, acerca de los materiales que deben ser usados en la separación de espacios en restaurantes y bares para los no fumadores.

La norma, bautizada como la 37/2007 del 14 de agosto, prohíbe fumar en bares y discotecas con locales de menos de 100 metros cuadrados, lo que en la práctica afectará a más del 90 por ciento de los establecimien tos del país. La ley permite la creación de espacios para fumadores en locales de esa naturaleza que dispongan de más de 100 metros cuadrados de superficie, siempre que éstos se encuentren convenientemente separados del resto.

En Francia, también entró ayer en vigor un decreto que prohíbe el tabaco en lugares públicos cerrados. En los cerca de 200.000 locales afectados por la medida, encender un cigarrillo puede costar al infractor entre 68 y 450 euros, mien tras que los propietarios del establecimiento deberán pagar multas de entre 135 y 750 euros. El único refugio de los fumadores en bares y restaurantes serán unos recintos herméticamente cerrados, con sistemas de extracción de aire independientes.


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