La situación en España está mal, incluso muy mal: pensionistas que tienen que pagar una parte de sus medicinas, niños que han perdido su derecho a los libros, al transporte o al comedor escolar, servicios sociales desbordados e ineficaces. A esto hay que añadir miles de españoles arruinados con las preferentes. Por no hablar de familias desahuciadas o en situación de calle. En estas circunstancias lo lógico es que la población salga a la calle a expresar abiertamente su frustración (incluso a veces de forma poco ortodoxa).
Frente a los escandalosos signos de corrupción y de riqueza desmedida de otros, resaltar que la cuestión de fondo no gira en torno a ayudar a una familia con bolsas de alimentos, sino que urge defender su dignidad con la cobertura de necesidades por el corte del suministro eléctrico de la vivienda, la falta de agua, o el gas butano (a veces los tres). Quiero destacar que el esfuerzo de nuestros servicios sociales, con proyectos de mero asistencialismo en modo alguno va a contribuir a cambiar el estado actual de las cosas. Los datos son desalentadores: estamos en un contexto que hace relevantes cuestiones que pasaban desapercibidas hasta hace poco, pasando de un carácter circunstancial a uno estructural como que un 40% de las familias carezca de calefacción. Lo que cronifica su vulnerabilidad. Al final, el problema no es llegar a fin de mes como se evidencia, sino cubrir lo perentorio: la luz, el agua y el gas cuya casuística no resuelven los bancos de alimentos, los comedores sociales, los albergues, o los pisos de acogida temporal.
Las democracias, a diferencia de los regímenes totalitarios permiten que la protesta ciudadana sea útil y constructiva para las demandas sociales de los ciudadanos, al tiempo que son una oportunidad para las transformaciones profundas en una sociedad más equitativa y justa. No en vano estos conflictos podrían estar siendo actualmente parte del proceso impulsor del cambio profundo que se avecina en España.
