Vergüenza ajena

Tengo mas de 65 años y siento vergüenza ajena: “España es el tercer país, junto con Letonia y Chipre, en el que más ha aumentado la diferencia entre la protección social a los mayores de 65 años y la que se proporciona a los niños, porque, durante la crisis, se ha protegido de manera mucho más eficaz a los ancianos que a los más pequeños”.
España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la UE y es el tercer país, por detrás de Rumania y Grecia, tanto en pobreza relativa como en "anclada", que alcanza a casi el 40 % de los niños, con un aumento de nueve puntos porcentuales entre 2008 y 2014. Así se pone de manifiesto en un informe de Unicef, publicado recientemente.

Desde la perspectiva de mis más de 65 años y viendo el nivel de gasto que en los presupuestos generales del Estado de 2017 se dedicará a la protección de la familia y atención a la pobreza infantil (342 millones para esta última), uno no deja de preguntarse si realmente esto ayudará a paliar la elevada pobreza "severa" entre los niños y el crecimiento de la inequidad.

Yo estoy dispuesto a aceptar, en la parte que me corresponde, si esta es la solución, que se reduzca la protección social a los mayores de 65 años para que se proporcione una mayor asignación a la infancia, ya que, durante la crisis, se ha protegido de manera mucho más eficaz a los ancianos que a los más pequeños. ¿Será porque nosotros votamos y ellos no?

Lo que si está claro es que para mejorar la "escasa protección social a la infancia" en España se debería, tal como propone Unicef, poner en marcha una prestación por hijo a cargo "mucho más generosa" y que llegase a un colectivo más amplio, incluso universal.

Es obvio que el Gobierno y los partidos de la oposición deben proponer medidas más igualitarias invirtiendo más y mejor en la infancia en un País como el nuestro que, según Eurostat, ha dedicado un 1,3% del PIB a este menester, un promedio muy por debajo de la media de la UE. 
Superar la desigualdad exige que todos seamos protagonistas del cambio: el Estado, el sector privado, y la sociedad en general porque es un deber inexcusable, irrenunciable e impostergable. 

Nosotros, como sociedad, debemos ser la voz activa y promover movimientos que reconozcan que los derechos de la infancia son prioritarios. Debemos ser los mensajeros de los niños y las niñas, porque tienen pleno derecho a que sus voces y anhelos sean escuchados y tenidos en cuenta.