Lo del “Tito Berni” era únicamente un entremés más del fastuoso banquete de presunta corrupción que nos esperaba a continuación, y del que todavía, intuyo, estamos al comienzo de una serie de “episodios nacionales” de corruptos y corruptelas como pocas veces se ha visto. ¡Qué tropa y qué banda de sinvergüenzas! Todo lo que tocan lo embarran, lo empeoran y únicamente nos complican más la vida a los ciudadanos. Como agravar aún más, y ya era difícil, el problemón de la accesibilidad a la vivienda en alquiler. Con la publicación este mismo mes en el BOE del “Sistema estatal de referencia de precios de alquiler”, las CCAA que lo soliciten pueden declarar áreas de mercado residencial tensionado, según la Ley de Vivienda. Es decir, establecer límites a los precios de los nuevos contratos de alquiler -pero nunca a los contratos vigentes, que ya de por sí están limitados a una subida del 3% en este año-. Este nuevo sistema ofrece un rango de valores máximos y mínimos de precios de alquiler de viviendas que sirve, a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda. Lo cual, desde mi óptica, únicamente va a provocar una nueva disminución de la oferta de vivienda disponible con el consiguiente aumento de los precios, lo que genera un bucle difícil de salir. Y todo ello gracias a la ineptitud del legislador y de quienes votan a favor de medidas populistas antinatura.
De hecho, lo que se acaba de aprobar en Consejo de Ministros es una intervención del Gobierno bipartito socialcomunista en toda regla del mercado de la vivienda en alquiler. Y matizando que el Índice Oficial de Precios de Alquiler se utilizará como referencia para los nuevos contratos en las zonas que se declaren tensionadas para grandes tenedores y pequeños propietarios que realicen un nuevo contrato de arrendamiento, la referencia será el contrato anterior, o sea, todos.
Para ello, las viviendas deben estar ubicadas en las zonas que se denominen como tensionadas. Es una definición que pueden solicitar exclusivamente las comunidades autónomas. En esa petición, los entes autonómicos tienen que demostrar que en las zonas a intervenir el esfuerzo para pagar el alquiler supera el 30% de los ingresos de los hogares. Pero también tendrán que presentar un plan para tratar de corregir esa problemática comprometiendo medidas como la construcción de vivienda para el alquiler asequible u otros incentivos fiscales. La declaración de zona tensionada durará tres años, pero se podrán establecer prórrogas anuales si no se logra durante ese periodo solucionar el problema de los alquileres altos. A día de hoy únicamente lo va aplicar la Comunidad Autónoma catalana en 140 municipios y exclusivamente para grandes tenedores que tengan 10 viviendas o más.
Este nuevo sistema ofrece un rango de valores máximos y mínimos de precios de alquiler de viviendas que sirve, a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento, con lo que el inquilino se irá al precio más bajo y el propietario al precio más alto con datos de 2022, que es el año de referencia. Es decir, el desacuerdo y la polémica ya están servidos en la bandeja del eficiente y eficaz Ministerio de Vivienda de España. Otro problemón más para los más jóvenes y las familias más vulnerables, las cuales lo van tener aún más difícil para encontrar una vivienda en alquiler que se acople a su rango de ingresos. Esta es nuestra España de hoy gracias al sanchismo.
