Faraónico, no, lo siguiente. Y les voy a dar únicamente unas pinceladas para que ustedes mismos extraigan sus conclusiones. Solamente en los tres últimos años, y con los datos oficiales del Parque Móvil del Estado (PME), el número de coches oficiales vinculados a los 22 ministerios del sanchismo se han incrementado hasta los 691 vehículos. Todo ello con el aumento del número de chóferes, 833 en total, al servicio del Gobierno bipartito. Y, lógicamente, incremento del gasto del PME, en diez millones de euros más, en la comparativa interanual. Y es que la llegada del sanchismo a Moncloa se ha traducido en un aumento exponencial de las inversiones en coches oficiales, hasta los 47,9 millones de euros, ahí queda eso.
Otra pincelada para que sigan extrayendo conclusiones: 1.062 asesores tiene a su disposición el sanchismo, con un gasto superior a los 132 millones de euros -según los propios datos de la Intervención General de la Administración del Estado-, y que suponen un incremento de los mismos en un 66% en los últimos cinco años, casi nada.
Y ya no hablemos del famoso Falcon de Pedro Sánchez y el precio que pagará el Estado por brindar el fastuoso catering a las autoridades sanchistas, el cual será un 66,6% mayor en la comparativa con el año pasado, incrementándose así el coste hasta los dos millones de euros, cuando en el anterior contrato era de 1,2 millones, en fin...
Mientras, los sufridores, es decir la práctica totalidad de los españoles y españolas, debemos seguir toreando el día a día. Y uno de los problemones que tenemos es el de alquilar viviendas y sus elevados precios. Problema espoleado por una Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo y que contiene en su articulado multitud de normativas que están creando mucha polémica, preocupación e inseguridad jurídica. Medidas que están reduciendo drásticamente las viviendas en alquiler, con una oferta en mínimos históricos y con sus precios en máximos. Este es un de los nocivos efectos colaterales de una ley estatal de Vivienda que ya puede considerarse un fiasco y que debería haber sido la primera ley de nuestra democracia que actualizase y agrupase las muchas y diversas normativas en el ámbito de la vivienda y el urbanismo. Y es que la bolsa de viviendas habituales en el circuito de comercialización en el conjunto de Galicia, fluctúa entre las 2.500 y 3.000, con más de 22.000 viviendas registradas como turísticas (ocho veces más que viviendas en el circuito de comercialización en arrendamiento habitual). Y con una estimación de que, en el 2024, entre un 15% y un 20% de las viviendas que finalicen contrato, sus propietarios las derivarán al mercado de la vivienda en compraventa, al alquiler de viviendas vacacionales o directamente las dejarán desocupadas -ya tenemos 506.000 viviendas vacías en Galicia, según el INE-, por la constatable inseguridad jurídica. Esa tremenda inseguridad y recelo está reduciendo la oferta de viviendas en alquiler provocando un grave problema para los más jóvenes y las familias vulnerables principalmente. Justo el efecto contrario de lo que el Gobierno de Sánchez decía y profetizaba con esta Ley, ya en vigor.
Y no, no hay varitas mágicas para solucionar de raíz el problema. Pero todos sabemos que la única forma de que los precios de alquiler disminuyan es hacer crecer la oferta de viviendas en arrendamiento. Y para ello es imprescindible dotar a los propietarios de seguridad jurídica para intentar movilizar el máximo posible de las 506.000 viviendas vacías en nuestra Comunidad Autónoma hacia el mercado de arrendamiento.
¡Feliz Año 2024 y mucha salud a todos y todas!
