Un nuevo catastrazo que puede llegar a afectar a los propietarios de más de 40 ayuntamientos de nuestra provincia. Para que lo tengamos claro: de las más de 240.000 viviendas catastradas en Ourense, pueden verse afectadas con una nueva subida del IBI sobre 100.000 propiedades. Y lo primero que quiero dejar claro en este vorágine recaudatoria es que los suelos urbanos sin desarrollar deben tributar como rústicos y que tomen nota quienes les corresponde tener competencias sobre el tema, por las posibles reclamaciones.
Me opongo frontalmente al nuevo catrastazo que incorpora el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, en los cuales se plantea revisar el valor catastral de 11,4 millones de inmuebles este año en el conjunto del país, lo que se traduce que en nuestra provincia podrían verse afectados los vecinos de hasta 40 municipios, lo que deriva en asfixiar económicamente en un nuevo e injustificable castigo fiscal a miles de familias que deberán pagar más por su propiedad. Así está recogido en las cifras de la “Memoria de gestión del catastro inmobiliario” incluida en los PGE de 2017.
Los ayuntamientos se basan en estas notificaciones del Ministerio de Hacienda para elaborar tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), si bien estos valores también inciden en otras figuras fiscales como el IRPF, el impuesto sobre patrimonio o el de sucesiones y donaciones, y el más que cuestionado judicialmente de las plusvalías municipales. Por lo que a mayor valor catastral, más base imponible y más recaudación para el erario, y viceversa.
Pero también debemos saber que la decisión de tocar o no los tributos es competencia de los ayuntamientos. Son ellos los que solicitan a Hacienda que revise los valores catastrales para poder tener margen de maniobra en materia fiscal, con lo cual en una provincia como Ourense, donde el valor de las propiedades ha disminuido de media un 25-30% en el conjunto de la provincia, no es asumible por ninguno de los 92 ayuntamientos un nuevo incremento del IBI. Sería injusto y recaudatoriamente insoportable para muchos ourensanos.
Desde mi opinión, sería totalmente incomprensible que los ayuntamientos solicitasen nuevamente otra actualización para establecer la aplicación de los coeficientes. Por cierto, ayuntamientos que tienen hasta el 30 de mayo para pedir dicha actualización y verse retratados en un nuevo despropósito tributario. Por la cuenta que nos trae, que todos deberíamos saber cómo se actualizan los valores catastrales.
Hay dos maneras de calcularlos: mediante la aplicación de los coeficientes aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o vía procedimientos de valoración colectiva. Esto último implica aprobar una ponencia de valores nueva, total o parcial. Y donde el número de inmuebles coincide con el número de valores catastrales, es decir, cada inmueble tiene un único valor catastral. En el caso de los inmuebles urbanos, está integrado por el valor del suelo y el valor de la construcción. Conclusión: todavía más impuestos en los ayuntamientos donde las economías familiares son más frágiles, increíble pero cierto
