Desde luego el estreno de la nueva ministra de Sanidad no ha podido ser más desastroso y desacertado. La sociedad española ya no está para sandeces ni para aguantar a ministros ineficientes y a sus disparatadas ocurrencias. Empecemos con los datos:
Los perceptores de pensiones del sistema público con rentas superiores a los 18.000 euros anuales empezaron a sufragar una porción del coste de las medicinas prescritas hace ya cinco años. En concreto, un 10%, con un máximo de 18,9 euros al mes, aunque el tope es inferior para los que ingresan menos de 18.000 euros anuales: 8,26 euros mensuales. Con lo cual, en el contexto económico actual, y con una pírrica subida anual del 0,25% que deja a nuestros pensionistas a los pies de los caballos al no equilibrar sus ingresos con el nivel actual de la vida, creo que ya está bien de crear incertezas y de jugar con el futuro de nuestros pensionistas. Así que, señora ministra, piense en como facilitarte la vida a nuestros mayores y no en complicársela aún más.
En lo que debería esforzase el actual Ejecutivo es en reducir la fiscalidad impositiva para contribuir a dinamizar las actividades económicas de este país y generar empleo de calidad y estable. Pero las mentes pensantes de este Gobierno deben tener la bombilla de las ideas fundida y solo piensan en endeudar aún más a este país y a las generaciones presentes y futuras.
España necesita 602 millones de euros al día para pagar deudas y financiar parte de los gastos. Y la pregunta es: ¿cómo lo va hacer? Pues de la forma más fácil y como ya nos tiene acostumbrados en los últimos años, endeudándonos aún más de lo que estamos, vamos, que no se van romper mucho la cabeza. Y así, el Ministerio de Economía emitirá 220.017 millones de euros en 2017 en colocaciones de deuda a todos los plazos en los mercados. Una y otra vez, más y más de lo mismo.
Lo que sí ya no es lo mismo, menos mal, es la actuación de nuestro sistema judicial en la defensa de la sociedad. Así y hace escasos días, una sentencia del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, y por primera vez, admite que es posible anular la hipoteca al entregar la vivienda sin que se haya pactado con el banco, una sentencia que no es firme y, por tanto, aún puede ser modificada sustancialmente. Con lo cual el Gobierno reformulará la Ley Hipotecaria para evitar en el futuro la alta conflictividad desatada en este tipo de préstamos por culpa de condiciones contractuales declaradas nulas, por opacas, en los tribunales, siendo su máximo exponente las cláusulas suelo. Al final todo aquello que algunos hemos defendido con firmeza y argumentos, va saliendo adelante.
Pero el Estado se verá afectado por la devolución de todos los intereses cobrados de más en las hipotecas por las cláusulas suelo abusivas. Además del posible impacto indirecto que pueda tener la retroactividad total impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE en las nacionalizadas Bankia y BMN, por un máximo conjunto de unos 250 millones, el tan cuestionado FROB, podría tener que asumir 319 millones por las garantías aportadas a Abanca en la venta de Novagalicia. Y recordando que el Estado somos todos, con lo cual una vez más, la negligencia de unos pocos la vamos a pagar nuevamente todos y nunca mejor dicho. Así que, señores ministros, reflexionen ustedes menos y dedíquense a gestionar nuestros recursos públicos mejor.
