La resolución del Tribunal Supremo vetando la inscripción de 'Sortu', la nueva marca con la que ETA pretendía presentarse a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, habrá activado el plan 'b' y el 'c' que con toda seguridad la izquierda abertzale tenía previstos desde hace tiempo ante la mas que previsible decisión del citado Tribunal. De momento, el Estado de Derecho ha ganado el primer asalto en este combate que la democracia tiene que librar para que los amigos de los terroristas no se cuelen en las Instituciones. Pero esto no significa que no haya que seguir dando la batalla, ni mucho menos.
Ahora es casi seguro que ETA intente la vía de las agrupaciones electorales como medio para estar presente en las urnas o el de colar a candidatos 'limpios' en las listas de un partido legal como es Eusko Alkartasuna. En ambos supuestos, si hay voluntad política por parte del Gobierno -a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado- se podrá impedir lo que a todas luces sería un fraude de ley por parte de quienes ni han condenado ninguno de los 858 asesinatos de ETA, ni han hecho una reconversión sincera a las vías pacíficas y democráticas.
No hay que perder de vista el punto esencial: ETA tiene urgencia en estar en los Ayuntamientos vascos y navarros porque necesita dinero y poder. Por contra, los demócratas, el Estado de Derecho, los ciudadanos de bien, no tienen ninguna prisa ni necesidad en que eso suceda, sino todo lo contrario. ETA no se ha disuelto, no ha entregado las armas; todos los informes policiales coinciden en que la banda terrorista no tiene ninguna intención al respecto y además se reserva el papel de guardián de un hipotético proceso de negociación con el Estado para resolver lo que ellos llaman el 'conflicto' vasco. Ante este panorama, sería un grave error facilitar la presencia en las instituciones democráticas de ETA por cualquiera de las vías que pretendan utilizar.
El final de ETA, tan ansiado por muchos, llegará más pronto que tarde si no se cae en la tentación de tomar atajos, como ha sucedido en el pasado reciente, en la lucha antiterrorista. El camino correcto no es otro que la aplicación de la ley, de todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. De esa manera se conseguirá la derrota de la banda terrorista sin ninguna concesión a cambio. Esto es lo que exige ese Estado de Derecho, lo que quieren la mayoría de los ciudadanos y lo que exigen, con toda razón, quienes más han sufrido los zarpazos del terrorismo: las víctimas. Por eso, la decisión del Tribunal Supremo es una buena noticia para todos, pero que no debe de llevar ni a la complacencia ni mucho menos a la relajación por parte de quienes tienen el deber de impedir que ETA y sus amigos intenten ahora colarse por otras vías.
