La paralización urbanística de la ciudad supone un grave perjuicio para todos los ourensanos, ajenos a los pormenores legales y a los enfrentamientos políticos que han llevado a esta situación de cinco largos años de incertidumbre, con un PXOM atrapado otra vez en el círculo vicioso de un consenso imposible, y una urbe anclada en una planificación desfasada de mediados de los 80. Tras la anulación de la ordenación provisional del 2011, que pretendía dar cobertura a proyectos que no estaban contemplados en el plan del 86, Ourense, sus políticos, deben dar una respuesta urgente y unitaria, y poner todos los recursos a su alcance para agilizar la aprobación del PXOM.
Urge que los agentes implicados en la negociación pasen página a la cadena de desaciertos de gestión y al reparto de culpas políticas que nos han llevado hasta aquí, y eliminen de una vez por todas los personalismos y los apellidos al Plan Xeral de Ordenación Municipal; no olvidemos que es una de las tareas de mayor calado que se encomienda a los políticos municipales, y que su paralización trasciende a las batallas políticas del pleno y deja en el aire suelos, proyectos turísticos, construcciones de ineludible servicio público e interesantes inversiones privadas. Y todos los daños derivados perjudican económica y socialmente a los ourensanos.
Naturalmente, nadie pretende el cese de funciones de la oposición en sus legítimas exigencias, ni tampoco que el gobierno municipal, por el mero hecho de gobernar en minoría, haya de renunciar a sus igualmente legítimas aspiraciones, pero sí la articulación perentoria de cesiones mutuas que permitan reactivar y construir el Ourense del siglo XXI que todas las partes, en última instancia, desean. Y en todo caso, los intereses de ambas partes enfrentadas deben quedar siempre por detrás de los de los ciudadanos. Además, por sus particulares condiciones de ciudad de interior, con los lastres que supone desenvolverse en el contexto de la Galicia rural, Ourense cuenta ya con suficientes trabas al crecimiento, impuestas por políticas históricamente discriminatorias, como para que sea la propia jerarquía local la que esté poniendo palos en la rueda del desarrollo. Fundamental será también para el éxito de esta tarea la colaboración y la agilidad de los funcionarios que componen una administración local, atenazada en los últimos años por titubeos y miedos derivados de una casi siempre irracional judicialización del debate político y de las rutinas burocráticas. La resolución del problema que hoy acucia a Ourense exige altura de miras políticas y eficiencia administrativa.
Por otro lado, en la comparativa con el resto de España, el espectáculo del gran desacuerdo de la ordenación municipal, supone un repelente inmediato para la inversión privada: ¿quién desea depositar su dinero en un Ourense sumido en la peor de las eventualidades urbanísticas -con las evidentes consecuencias en el conjunto de las iniciativas comerciales e industriales-, teniendo ciudades donde resulta mucho más sencillo, rápido y seguro sacar adelante los proyectos? Que entre los riesgos de esta insólita situación no podemos obviar el de que la ciudad caiga en la sima de indemnizaciones millonarias por proyectos paralizados o cancelados a empresas que habían apostado por crecer en esta tierra, y de que se tambalea la crucial apuesta turística de destino urbano termal.
En suma, y aun comprendiendo la enorme complejidad de superar la alambrada de espino política y judicial que constriñe desde hace años el crecimiento de Ourense, es hora de recordar que, en lo que tiene que ver con la labor de representación de los ciudadanos, lo que ha de primar es el interés general por encima de cualquier pequeño escollo partidista. Así, el acuerdo urbanístico no es ya aconsejable, sino obligado. Y no es ya deseable, sino de máxima urgencia. Es la hora de la responsabilidad política. La hora de construir Ourense para los ourensanos.
