El pacto de gobierno de coalición en el País Vasco entre el PNV y el PSE-EE firmado en Vitoria garantizará la estabilidad del Ejecutivo vasco a lo largo de la legislatura que comienza con el nombramiento de Iñigo Urkullu como lehendakari. Uno de los objetivos fundamentales del nuevo Gobierno será la revisión el Estatuto de Guernica de 1979 para conseguir más y mejor autogobierno mediante procedimientos adecuados a la legalidad vigente.
A nadie debiera sorprender que los políticos nacionalistas y socialistas vascos reclamen con más insistencia la transferencia de las 35 competencias pendientes de traspaso que ya figuran en el texto estatutario actual. Y entre ellas la gestión de las prisiones, como tiene Cataluña, y cuya negativa a transferirla estaba relacionada con la existencia de ETA. Pero la banda terrorista ya no existe, se está a la espera de su disolución y una vez que se extinga habrá que abordar el acercamiento de los presos etarras de forma inexcusable, sobre todo en la medida en que acepten la legalidad penitenciaria.
Ha habido quien se ha sobresaltado cuando en el acuerdo ha aparecido la palabra “nación” y el concepto “derecho a decidir”, que igualmente aparecen matizados por el acatamiento de la legalidad vigente. Que la diversidad es la esencia de España lo dijo el rey Felipe VI en su discurso de la solemne apertura de la XII Legislación; que la propia Constitución reconoce la existencia de nacionalidades y regiones es otro hecho incuestionable; que hasta el propio Tribunal Constitucional tiene definido el concepto de nación en el sentido cultural y lingüístico sin valor jurídico-político, y de la misma forma cada vez cala más la idea de que el modelo autonómico está agotado y que se precisa una reforma de la Constitución en sentido federal. Esa es, incluso, la propuesta de los socialistas y el que parece el mejor método para acabar con las tensiones territoriales.
En cuanto a la tramitación del nuevo Estatuto vasco conforme a la legalidad vigente, es incuestionable que pasará por el Congreso de los Diputados –como todos los estatutos reformados- donde la Comisión Constituyente ‘cepillará’ aquellos aspectos que considere que traspasan los límites permitidos, y posteriormente se aplicará el derecho a decidir de los vascos en referéndum como marca la ley. No obstante, en ambos casos las negociaciones se adivinan arduas. Pero la siguiente cuestión es si el Partido Popular repetirá la jugada y recurrirá el nuevo estatuto vasco, como hizo con el catalán, y de aquellos polvos estos lodos.
Sin duda los dirigentes peneuvistas han demostrado ser unos grandes estrategas políticos al aprovechar incluso una mayor debilidad que en otras ocasiones. Se dejan querer por el PP que necesita sus votos para sacar adelante los PGE, alcanzan un pacto con los socialistas para reeditar una coalición que ha funcionado en el pasado, al tiempo que se deshace del abrazo del oso que podrían darle los independentistas de EH Bildu, deja sin espacio a Podemos y a los populares vascos ya les llegarán las órdenes desde La Moncloa. De paso evitan que el problema territorial se libre en dos frentes y muestran el camino de la solución a Cataluña.
En fin, el PSE-EE gana visibilidad y poder y ha demostrado a la gestora del PSOE que en el juego de los hechos consumados saben administrar sus bazas.
