Realizar un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes es inexcusable cuando la escalada de la tensión entorno a la colocación y retirada de lazos amarillos es una evidencia. Cuando se pase a los enfrentamientos habrá quién se dedique a distribuir responsabilidades, averiguar qué fue primero, cuál fue la gota que colmó el vaso y quién la vertió, quién tiene más derecho a expresar sus opiniones, y cuál ha sido la función de la policía autonómica en este proceso.
En el Govern catalán la valoración de lo que está ocurriendo no es la misma a la hora de valorar los acontecimientos. Lo que para su portavoz, Elsa Artadi, son “casos anecdóticos “ y “marginales” si es una presunta agresión a quien quita lazos, para su presidente, Quim Torra, es “una escalada de la violencia”, si se trata de una actuación a título particular de dos agentes policiales en insultos y actos de las ‘brigadas de limpieza’ de lazos amarillos. ¿Cuánto se tardará en que se produzca un enfrentamiento entre miembros de estos grupos y los Comités de Defensa de la República de una localidad o de un barrio en el que vayan a proceder a la retirada de los símbolos independentistas al amparo de la noche? ¿Qué hace la policía autonómica? Si identifica a los organizadores de estas brigadas en aplicación de la ley mordaza porque han realizado una concentración no comunicada, ¿por qué no se sabe nada acerca de los grupos que han participado en la colocación de las cruces de la plaza de Vic, o en otros lugares donde la proliferación de símbolos indepes no pueden ser obra de una sola persona? La doble vara de medir aplicada por los mossos en cumplimiento de directrices políticas los deja en evidencia.
De las intenciones pacíficas de quienes ponen y de quienes quitan los símbolos independentistas no se puede, por el momento, dudar. De unos porque según sus jefes políticos se trata de la “revolución de las sonrisas” De los otros porque consideran que les ampara el mismo derecho a la libertad de expresión aunque lo hagan con la cara tapada por miedo a represalias. Ni en los momentos más duros de la actividad terrorista de ETA quienes les daban sustento político acudieron a la ocupación de los lugares públicos, como han hecho los independentistas catalanes. Eso sí, amenazaron y agredieron a quienes llevaban lazos azules.
La decisión de la mujer agredida en Barcelona en un episodio relacionado, supuestamente, con la retirada de lazos y la detención de su presunto agresor por parte de la Policía Nacional ante la que se presentó la denuncia revela una realidad que las autoridades catalanas pretenden negar, que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida, con preminencia de los cuerpos estatales cuando se les requiere.
Que quienes deben llamar a la reflexión y a la cordura en este asunto, participen en la retirada de lazos amarillos como han hecho los dos principales dirigentes de Ciudadanos. Albert Rivera e Inés Arrimadas, ha sido una acción que busca una foto. Nada que objetar aunque esa no es la forma de resolver el conflicto de los lazos ni de ayudar a su solución, como tampoco lo es que el Govern no quiera abordar este asunto, cuando cada vez está más cerca lo que cualquier político con un mínimo de sentido de la responsabilidad teme, un enfrentamiento violento.
