Es muy posible que los Comités de Defensa de la República (CDR) tengan un concepto de la violencia tan restrictivo como los partidos independentistas de la democracia. Si estos consideran que la legitimidad está por encima de la legalidad, aquellos creen que interrumpir el tráfico, cortar carreteras, impedir al resto de ciudadanos el ejercicio de sus derechos, o llamar a la rebelión y a hacer ingobernable una comunidad autónoma se trata de una protesta pacífica en tanto no intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los Mossos d’Esquadra a la Guardia Civil y la Policía Nacional, y se produzcan los enfrentamientos que a buen seguro tendrán lugar si tratan de evitar la celebración del consejo de ministros del próximo 21 de diciembre en Barcelona.
Lleva razón el ministro de Exteriores, Josep Borrell, cuando afirma que la actuación que tengan los mossos d’Esquadra para garantizar la seguridad de la reunión del Consejo de Ministros y de la normalidad el próximo viernes es “la prueba del algodón” sobre la lealtad de este cuerpo policial, o más bien de sus responsables políticos, que a veces dan órdenes de actuar y otras de permanecer inactivos, según el impacto de las imágenes televisivas, a la hora de reprimir acciones ilegales. En esta ocasión, como en el referéndum ilegal de 1-O, también se producen reuniones de coordinación entre todas las policías, pero en esa fecha, los mossos incumplieron con la obligación a la que se habían comprometido. Hace una semana asistieron como oyentes al corte de la AP-7. Algo habrá aprendido el Gobierno de estas actuaciones.
Sin duda no se trata de limitar el derecho de manifestación de aquellos independentistas que quieran protestar por la presencia del Gobierno en una parte del territorio nacional pero no es lo mismo hacerlo como pretenden los CDR y sus grupos afines más violentos que llamar a concentraciones pacíficas como han hecho Omnium y la ANC.
Lo que ocurra el 21-D puede ser determinante para la futura actuación del Gobierno con respecto a Cataluña donde mantiene el discurso de la “desinflamación” de las relaciones pese a los discursos incendiarios de Torra y Puigdemont. Y si se afirma que el Gobierno se encuentra cada vez más solo en su intento de “apaciguamiento”, lo mismo puede decirse de Torra y del huido en Puigdemont. El problema es que en la parte independentista no se acaban de decidir a evidenciar la crisis de confianza entre sus partes como ha ocurrido entre los constitucionalistas.
En efecto, el Gobierno se va a reunir en Barcelona, la seguridad dependerá de los Mossos d’Esquadra, se puede producir, si Torra acepta, la reunión planteada por el presidente del Gobierno ambos solos, sin un encuentro bilateral de gobiernos, y en ella se hablará de todo, como es normal. Contra la insistencia en el referéndum de autodeterminación Sánchez opondrá su oferta de nuevo Estatuto de autonomía.
De este envite, pese a las críticas de Casado y Rivera, solo puede salir perdedor el Govern catalán si la jornada no transcurre con la normalidad democrática e institucional que es propia de una democracia desarrollada. Si se tuerce el Gobierno no habrá hecho sino cargarse de razones en el caso de verse en la tesitura de aplicar el 155.
