A Cristina Cifuentes puede que le ocurra lo que le pasó al exministro de Industria Juan Manuel Soria, que cada vez que hablaba sobre la cuenta de su familia en el paraíso fiscal panameño ponía un peldaño más hacia su dimisión. Cada una de sus declaraciones públicas solo contribuía a enmarañar más su situación hasta que fue inevitable su salida del Gobierno. La decisión de la presidenta madrileña de renunciar al máster sobre el que pesan todo tipo de sospechas acerca de su obtención irregular es una maniobra que lejos de calmar las aguas y las peticiones de dimisión no hacen sino acentuar las contradicciones de las explicaciones ofrecidas hasta este momento.
Donde algunos dirigentes de su partido ven motivos para dar el asunto por zanjado, otros, la oposición, considera que el fondo de la cuestión sigue sin resolverse y en ese sentido mantiene el cerco sobre el PP, o moción de censura – PSOE y Podemos-, o solución “a la murciana” –cuanto menos- o apoyo a la candidatura del socialista Ángel Gabilondo, con todas las consecuencias, según Ciudadanos.
La maniobra exculpatoria de Cifuentes pone en entredicho todas sus comparecencias anteriores y todos los argumentos con los que ha sustentado la legalidad con la que obtuvo el máster por la Universidad Rey Juan Carlos. La cuestión es simple, por evidente, como han significado todos los portavoces de la oposición regional y nacional al PP: si ha hecho todo bien y lo puede acreditar, como ha manifestado, por ejemplo, con su defensa del trabajo fin de máster y no recibió trato de favor para conseguirlo ¿por qué ha de renunciar a un título obtenido con todas las de la ley? Máxime cuando sostiene en la carta de renuncia que cumplió con todo lo que le pidió la Universidad y todo lo que exigía la ley.
Aunque desde la dirección del PP –el vicesecretario Javier Maroto- se considere un acierto la iniciativa de Cifuentes de renunciar al máster, es un movimiento precipitado cuando justamente un día antes habían acordado esperar a las conclusiones de las investigaciones universitaria y judicial para adoptar una resolución sobre su futuro. Una decisión a la que Ciudadanos ha emplazado directamente a Mariano Rajoy para que decida sobre el sustituto de la presidenta madrileña antes del 30 de abril.
Comienza ahora a tomar cuerpo la lucha por el control del calendario. La moción de censura de los socialistas se ha de debatir antes del 7 de mayo pero aún no ha sido fijada la fecha, aunque la presidenta de la Asamblea puede convocarla con 48 horas de antelación. Entre las dos fechas mencionadas se encuentra la celebración del Día de la Comunidad, el 2 de mayo, al que se puede llegar con la crisis sin resolver. Entonces los mentideros de la Villa echarían humo.
Entre tanto se libran otra serie de batallas cada vez menos soterradas, la del PP contra todos los que consideran que han mentido en sus currículos, -como es el caso de la alcaldesa popular de Santander Gema Igual, que pasó de “diplomada” en magisterio a tener “estudios” en esa especialidad- obviando que en el caso de Cristina Cifuentes se investiga además un posible delito de falsedad en documento público, y las repercusiones en Ciudadanos de su posible apoyo a un gobierno de izquierdas en Madrid. Todo vale para no perder el feudo de Madrid.
