Constituidas las Cortes Generales para la XI Legislatura de la democracia, y tras el acuerdo para que la presidencia del Congreso quedara en manos del socialista Patxi López, comienza ahora el periodo de la búsqueda por parte de los líderes de los dos principales partidos de los apoyos necesarios para formar un gobierno que sea estable en alguna de las múltiples variantes que pueden darse, sin desdeñar la posibilidad de que tengan que volver a convocarse las elecciones generales. La aritmética electoral es tozuda y está pidiendo a gritos sacrificios por parte de todos los partidos, los cuales, por el momento, se miran el ombligo y analizan el castigo que pueden recibir del electorado si ceden o acuerdan tanto con quienes son sus adversarios principales, como con aquellos que pretenden adelantarlos en las preferencias de los votantes.
En estos primeros compases los líderes políticos lo mismo se guiñan el ojo que se tiran a degüello o hacen las dos cosas simultáneamente, de tal forma que se buscan alianzas a varias bandas y a continuación se deslegitima a quien se pretende como socio, para alejarle de cualquier tentación de formar gobierno. Es el caso de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, al que no deja de requebrar para conseguir un acuerdo para los próximos cuatro años que proporcione estabilidad, con Ciudadanos como invitado a pesar de que en la primera oportunidad ha preferido al PSOE de partenaire.
A Rajoy no le basta siquiera la abstención de los socialistas que le permita un gobierno en minoría –la legislatura sería corta-, y carga contra el líder socialista cada vez que dice que intentará formar un gobierno progresista. Ayer mismo el ‘barón’ extremeño, Guillermo Fernández Vara se preguntaba si este país necesita que exista un PSOE fuerte, y señalaba que en caso de una respuesta afirmativa no se les podía pedir que voten a Mariano Rajoy, porque ese no ha sido el mandato de sus votantes y porque de hacerlo pasaría a ser un partido “inexistente” en las próximas elecciones.
Pero el mismo portazo que recibe el PP, se lo dan por partida doble a Pedro Sánchez desde Podemos y Ciudadanos. Los primeros porque no renuncian al derecho de autodeterminación, y los segundos porque no están dispuestos a emprender un camino de la mano del partido de Pablo Iglesias, que además explota el pacto sobre la presidencia del Congreso para señalar a Rivera como acólito del PP. Eso sí, olvida que su forma de acercarse a los pactos es poniendo líneas rojas o tratando de imponer sus condiciones, como en el caso de su petición de cuatro grupos parlamentarios. Y Sánchez se revuelve y acusa a Iglesias de impedir un gobierno de progreso.
En esta tesitura, a expensas de lo que ocurra en Cataluña y de quien decida hacer de la necesidad virtud por acción o por omisión con los riesgos que conlleva –entre la inestabilidad y la “inexistencia”-, las cuentas no salen de ninguna de las maneras, ni para el centro derecha ni para el centro izquierda, y solo quedaría la solución de unas nuevas elecciones en las que, previsiblemente, los ciudadanos castigarían a quienes consideraran causantes de volver a hacerles pasar por las urnas.
Curiosa situación ésta en la que todos dicen querer pactos pero en la que todos luchan contra todos. De momento.
