A punto de apagarse los ecos de la manifestación en Barcelona por la Diada, numerosísima, por lo que no es una cuestión determinante la discrepancia sobre el número de asistentes, quedan las voces de algunos de los intervinientes a lo largo del día que no hacen sino incidir en la división de la sociedad catalán, entre quienes salen a la calle a apoyar el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y quienes asisten preocupados a la ruptura de la convivencia cívica o a la segregación entre los nuestros y los otros, entre demócratas secesionistas y súbditos del Estado Español.
Seis años después de que el desafío soberanista comenzara a tomar fuerza al calor de la crisis económica y como forma de tapar otras vergüenzas relacionadas con la gestión diaria de los asuntos de los catalanes -entre ellas los flagrantes caso de corrupción de padres de su patria y adjuntos en su partido-, se han ido consolidando una serie de falacias que por su mensaje simplista se han impuesto con pocas posibilidades de ser rebatidas. Del ‘España nos roba’, y de la exigencia de la publicación de las balanzas fiscales se ha pasado a un silencio sepulcral por parte de las autoridades catalanas al conocerse las de este año, que demuestran que Madrid aporta más del doble que Cataluña a la solidaridad interterritorial. Se ha impuesto la simplista teoría de democracia es votar con caso omiso del resto de condiciones que la convierten en el menos malo de los sistemas políticos conocidos, y que implica no mistificar sobre la secesión en un contexto europeo.
Ya no queda tiempo, y más dado lo enconada que están las posiciones, para tratar de debatir serenamente sobre esas falacias, incluidas las históricas. Y menos sobre la voluntad de acordar entre los gobiernos de la Nación y de Cataluña. No fue esa la intención de Puigdemont en ningún momento –"Referéndum o referéndum"-tras el fracaso de las elecciones plebiscitarias de Artur Mas, que les obligo a pactar con sus adversarios de la CUP conscientes del poder de sus diez escaños, aunque pueden convertirse en coartada en su día cuando el problema catalán se encauce, esta vez sí, de forma democrática.
No ha habido en ningún momento ánimo constructivo por parte de la Generalitat porque nunca se han visto con tanta fuerza para alcanzar su desiderátum y tenían que intentarlo de todas las formas posibles. El presidente de la Generalitat afirma que aún hay tiempo para dialogar… pero solo para negociar las condiciones del referéndum. Tampoco lo ha habido por parte de Mariano Rajoy durante mucho tiempo, y cuando enviaron una emisaria a Cataluña ya era tarde. Algunos miembros del Gobierno y del PP han comenzado a esbozar una leve autocrítica sobre su actitud respecto al expediente catalán, desde el recurso al TC del Estatut votado por los catalanes a la recogida de firmas, o sobre la displicencia en abordar este asunto con falta de visión política sobre sus consecuencias.
En estos días el debate sobre lo que ocurra o deje de pasar el 1-O ha entrado en fase de matonismo verbal. Puigdemont pide que se deje a los suyos tranquilos, a los Mossos, mientras sibilinamente anima a hostigar a los alcaldes contrarios al referéndum. Las amenazas del Gobierno están respaldadas por la única legalidad vigente.
