La política catalana ha entrado en periodo vacacional, cinco días que se extienden desde el pasado miércoles cuando se celebró el pleno simbólico sobre el derecho de los candidatos que ha propuesto JxCAT a ser elegidos presidentes de la Generalitat y la petición de libertad para todos los presos por el intento secesionista, hasta la celebración del próximo pleno en el que se debe decidir si se permite a Puigdemont delegar su voto.
Unos días de asueto en los que en la superficie del ‘procés’ solo se podrán observar las algaradas y las protestas orquestadas por los Comités de Defensa de la República, con un carácter cada vez más intimidatorio, pero es de suponer que alejados de los focos y de la atención mediática los líderes que quedan en libertad de los partidos independentistas sigan trabajando en la búsqueda de una solución que cuadre el círculo: acabar con la unilateralidad sin que se note mucho y aceptar la legalidad, disponerse al diálogo abandonando las premisas independentistas, ponerse a coser la fracturada sociedad catalana, recuperar la normalidad económica, o liarse la manta a la cabeza y culminar el desafío como piden la CUP y parte de JxCAT e investir a Puigdemont por la bravas, o decidirse por la convocatoria de nuevas elecciones, una posibilidad que nadie quiere por el momento pero que a medida que pase el tiempo puede ser la solución inevitable, con la esperanza de que además de perder en votos, los independentistas pierdan en escaños.
Tras el Lunes de Pascua, todos los pasos de los independentistas que no vayan en la dirección de aceptar la legislación vigente están encaminados a un callejón sin salida. Pero entretanto el enconamiento de las posiciones de los dos bloque enfrentados con los nuevamente equidistantes comunes en muchas ocasiones conduce a la falta de acuerdo. Que los tres partidos independentistas hayan renunciado a condenar los actos vandálicos y violentos y los ataques a las sedes de los partidos constitucionalistas, junto al señalamiento de políticos y jueces, viene a demostrar cuál es su consideración hacia la palabra democracia, que con tanta veneración utilizan cuando consideran que son ellos los agredidos, y con tanto desprecio cuando son los demás quienes sufren las consecuencias de las acciones violentas.
Además rechazan que, como pide el PSC pueda abrirse un “proceso de reconciliación nacional” –la dirección del PSOE ha rechazado la participación de los socialistas catalanes cualquier tipo de gobierno transversal, de independientes, de concentración o de unidad nacional- que al exsocialista Ernest Maragall le suena a “dictadura franquista”, cuando fue precisamente el PCE quien hizo de esta estrategia su apuesta por superar la división causada por la Guerra Civil. En fin…
En definitiva, los partidos independentistas tienen que tener en consideración que el Estado ha demostrado la suficiente fortaleza como para que vayan asimilando que la solución al conflicto catalán solo es posible con el cumplimiento de la legalidad que dé paso al dialogo. Pero sin lo primero es imposible lo segundo.
