El secuestro más largo de rehenes en el Sahara a cargo de la delegación de Al Qaeda en el Magreb (AQMI), ha concluido con la liberación de los cooperantes de la ONG Barcelona Acció Solidaria, Roque Pascual y Albert Vilalta, tras nueve meses de complejas gestiones diplomáticas en las que han intervenido numerosos actores, el Gobierno de Mauritania donde se produce el secuestro y cuyo presidente, Mohameed Ould Abdelaziz, se había opuesto a las exigencias de los captores; el Gobierno de Mali que ha puesto el mediador, Mustafa Chafi; los terroristas islámicos pertenecientes a una célula de Abdelhamid Abu Zeid, quien no tiene reparo en pasar a cuchillo a sus rehenes, y la actuación de otros gobiernos con rehenes en la zona, como el francés que emprendió una acción militar para liberar a uno de ellos y que acabó con la muerte de Michel Germaneau.
Todo ese puzle, en el que también ha desempeñado un papel destacado la detención, juicio, condena a doce años y extradición del autor del secuestro, Omar Saharaui, a Mali, donde fue puesto en libertad, junto con la negociación sobre la liberación de otros terroristas que no se ha producido y lo que parece evidente pago de un rescate, ha tenido que ser armado para conseguir que las gestiones de inteligencia y diplomáticas hayan acabado dando sus frutos.
En estos nueve meses el Gobierno ha contado con la colaboración inestimable de las familias de los secuestrados, que han mantenido una actitud dignísima y un silencio que ha facilitado la acción diplomática aun en los momentos más difíciles de la negociación, cuando la razzia militar francesa y mauritana pudo complicar su liberación.
Una vez que se cumpla la 'felicidad completa' de la que habló la otra cooperante secuestrada, Alicia Gámez, liberada en el mes de marzo, con la llegada a España de Pascual y Vilalta, sería deseable que no se reabriera el debate sobre el pago del rescate en estas circunstancias, que también se satisfizo para liberar a los pescadores del ?Alakrana?, porque todos los países que se han visto involucrados en este tipo de sucesos ?excepto Gran Bretaña- lo han hecho y porque en determinados casos está asumido que es preciso aceptar el mal menor de pagar por salvar la vida de unos conciudadanos.
Es cierto que el reforzamiento que ha experimentado Al Qaeda en el Magreb Islámico en los últimos años al lograr la unidad de todas las facciones regionales bajo unas mismas siglas y con una unidad de acción supone un aumento de la presión no sólo sobre los regímenes donde actúa sino también sobre todo occidente y en especial sobre nuestro país, tanto por las relaciones comerciales que España mantiene con todos los países de la zona ?segundo inversor en Mauritania- y otros intereses estratégicos, como por el hecho de que Al Andalus aparece de forma permanente en las reivindicaciones retóricas de la Red.
Pero la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta sí debe abrir otros debates. Por supuesto el Gobierno debe dar explicaciones discretas sobre cómo se ha producido el rescate, por si es preciso volver a utilizar los mismos canales en otras circunstancias similares, y también el relativo a la seguridad de los cooperantes ?la Unión Europea trabaja ya en una iniciativa al respecto-, pero no debe perderse de vista que si se limita la acción de las onegés por estas circunstancias, los integristas islámicos ya habrían conseguido uno de sus objetivos, la ausencia de ?infieles? de los que consideran sus territorios. Pero sobre todo son precisos los acuerdos económicos y de colaboración política de la Unión Europea y de Estados Unidos con los países del Magreb para cercar y eliminar las bases de AQMI en la zona.
