Es hábil el president, visto lo sensible que ha sido Sánchez con la amnistía, por la necesidad, en colocar la pelota en su tejado y emplazarlo a que dejarlos votar sobre la independencia sea cosa de voluntad política. El razonamiento de Pere Aragonès está fundamentado en los antecedentes. Si pese a que hace unos meses la amnistía era inconstitucional, pero al final salió, ¿por qué no va a ser posible el resto del programa, o sea, el referéndum para la independencia? Es lógico, pues los mismos que entonces les decían que la amnistía no era posible, dicen ahora que en su plan de Gobierno no figura el referéndum. Visto lo visto, creo que Aragonès acierta en su esperanza. No es que volvamos al pasado, es que estamos en el mismo sitio, estamos mejor, porque ahora la repetición de lo que planteara Mas se adoba con el clima de reconciliación que creó Pedro Sánchez. Ya en su día, una comisión del Parlament pretendió que el Congreso de los Diputados le cediera las competencias del artículo 92 de la Constitución para convocar referendos. Desde tiempos de Mas, la Generalitat se ha dotado de varias comisiones de expertos, ora para elaborar los proyectos de leyes de desconexión con el Estado, y los sucesivos dictámenes para encajar la convocatoria del referéndum de independencia, y como no les saliera, hicieron directamente dos consultas “decisivas” a los residentes en Cataluña en 2014 y 2017, cuyas consecuencias penales, sobre todo en el segundo caso, han sido conjuradas por el doctor Sánchez y sus consocios.
Aragonès está tan seguro con que el PSOE de Sánchez volverá a ceder, que en una visita a la Escola Arnau Berenguer de Palau d’Anglesola (Lleida) ha dicho: “Siempre nos han dicho que no y después han acabado diciendo que sí”, haciendo referencia a la Ley de Amnistía. Y pregunta al PSOE qué propuesta tiene para los ciudadanos de Cataluña, “porque es evidente que hay un conflicto de soberanía como así ha reconocido el propio Gobierno”. Así, ha insistido en un referéndum acordado en el que se reconozcan y apliquen los resultados. Aragonès es consecuente, hay que reconocerlo. Ahora el derecho a decidir se envuelve en el llamado “Acuerdo de Claridad” y emplaza a Sánchez a negociar el dictamen de su Instituto de Estudios de Autogobierno, financiado por fondos públicos, que es en realidad una partida más de afines, para, y mira que tiene gracia, el encaje constitucional de la tal consulta decisiva. Y como en los anteriores intentos fracasaron se invoca la vía de un pacto de buena voluntad, para que los españoles con vecindad civil resuelvan ellos solos la reforma de la Constitución, en orden a decidir la ruptura con el Estado.
El nuevo informe de “sus expertos” sostiene que el artículo 92 de la Constitución permite someter a referéndum consultivo de “todos los ciudadanos” decisiones políticas de especial trascendencia. Pero todos quiere decir todos los que tengan vecindad civil en Cataluña y no todos los españoles. La retórica que emplea Aragonès resulta insólita, al sostener que la propia Constitución permite que una parte de los ciudadanos decida sobre un asunto que afecta al conjunto y encaja perfectamente con aquélla, siempre que los resultados abran las puertas a una negociación de buena fe entre los actores territoriales y se implementen dentro del marco legal. Es hábil el “president”, visto lo favorable y sensible que han sido Sánchez, atrapado por la necesidad de mantenerse en la Moncloa, en emplazarlo mostrar la buena voluntad que alumbró la amnistía. Insisten en que la Constitución no se opone a que se consulte a los ciudadanos para medir su apoyo a una hipotética secesión, o sea, la reforma de la misma, decidida sólo por los catalanes. La propuesta no deja flecos posibles, sin incluir el umbral mínimo de participación o resultado para validar la votación. Y hay viejas demandas, como una delegación de competencias a la Generalitat a través del artículo 150.2 de la Constitución. Pero ahí no cabe lo que pretenden, porque la reforma de la Constitución no se puede ceder a que lo decidan los vecinos de una autonomía porque esa decisión corresponde a todos los españoles. Todos.
