Los poderes públicos, dice la Constitución, han de ayudar a crear las condiciones para que el ejercicio de la libertad y la igualdad sea real y efectivo, removiendo los obstáculos que impidan su realización. Una mujer que decide ser madre, pues, debe ser auxiliada por muchas razones. Porque la maternidad es una expresión de compromiso social como pocas, porque el índice de natalidad es tan bajo que no garantiza el recambio generacional y sobre todo porque estamos en presencia del ejercicio de la libertad solidaria de la persona, que debe ser protegida siempre por los poderes públicos.
El drama del aborto se produce en tantas ocasiones precisamente porque la mujer se encuentra sola, sin ayuda, sin apoyo, aislada en sus problemas y en sus dificultades. Los poderes públicos precisamente se justifican en la medida en que están al servicio de las personas, especialmente de las que tienen más necesidades o atraviesan por dificultades especiales. Y una mujer embarazada que quiera dar a luz, especialmente en un momento de crisis económica, tiene todo el derecho del mundo a que la sociedad le facilite los medios para un alumbramiento en buenas condiciones. Se trata de traer un nuevo ser humano a este mundo, una de las manifestaciones más solidarias que imaginar se pueda.
El aborto no es inevitable. Hay posibilidades, la red madre entre ellas, para que las mujeres piensen en que el alumbramiento es la mejor opción. No van a estar solas porque la red existe y se justifica para atender a estas personas y facilitar su derecho a ser madres. El aborto crece, entre otras razones, porque a veces la sociedad abandona a su suerte a estas mujeres con graves problemas sociales y económicos para llevar adelante su embarazo. Por eso, si la mejor sociedad, la que se compromete en acciones concretas de solidaridad, es capaz de salir al encuentro de estas mujeres y apoyarlas, ayudándolas en sus principales necesidades materiales y morales, entonces estaremos humanizando la vida y haciendo atractiva la maternidad.
Una sociedad que deja sola y abandonada a una mujer ante los problemas reales que le puede generar un embarazo imprevisto no es una sociedad justa que responda a los requerimientos propios de una democracia avanzada en un Estado social como exige nuestra Constitución. El Estado social, bien lo sabemos, reclama una acción decidida de los poderes públicos por ayudar a quienes más lo necesitan.
Estos días hemos conocido la memoria de actividades de Redmadre donde se constata que el 98% de las mujeres que encontraron acogida en esta organización social continuó adelante con su embarazo. En 2014 se atendieron en toda España a 10.050 personas, el perfil principal de las demandantes de ayuda es el de la mujer española (52%) de entre 20 y 30 (47%) años sin apoyo de la pareja (65%) y sin empleo (83%). La falta de ayudas públicas suficientes a estas mujeres reclama la labor asistencial de iniciativas sociales como Redmadre a favor de aquellas mujeres embarazadas sin recursos para afrontar los gastos que supone la llegada a este mundo de una nueva criatura.
La sociedad, también el Estado, no debe tolerar que una mujer embarazada que quiera traer a su hijo a este mundo quede abandonada a su suerte por falta de recursos y de ayuda. La vida merece todos los esfuerzos habidos y por haber.
