El derecho al trabajo es un derecho humano, un derecho que permite a las personas realizarse como tales. Un derecho que tiene mucho que ver con la dignidad del ser humano. Hasta el punto de que cuándo se quiere trabajar y no se puede, la frustración y el proceso de deshumanización suelen ser preocupantes. Igualmente, es inquietante que los puestos de trabajo que salen al mercado se acercan, cuándo no rebasan, a los umbrales mínimos de la dignidad en lo que se refiere a las condiciones del trabajo. Horarios inhumanos, retribuciones bajas, exigencias laborales en ocasiones lacerantes.
La crisis integral que estamos sufriendo, unos más que otros ciertamente, aconseja que las políticas públicas, y también las de naturaleza privada, se orienten decididamente a combatir esta lacra tan grave del desempleo desde una perspectiva completa, no sólo cuantitativa. Y junto a la lucha contra el desempleo, otro combate cada vez más urgente, es la pelea contra la corrupción, otra lacra que carcome la moral y la temperatura ética de una sociedad que empieza a pensar que el sistema en general está podrido, maloliente y necesitado de una operación de vida o muerte.
Es verdad, quién podrá dudarlo, que últimamente las cifras de los parados han descendido de una forma alentadora. El problema, sin embargo, es que existen serias dudas acerca de la calidad y dignas condiciones de los puestos de trabajo que se crean ex novo. En efecto, en el segundo trimestre de 2014 el paro descendió en 340.000 personas. Genial. La cuestión, sin embargo, reside en que tal descenso del paro se está realizando a costa de incrementar en muchos casos el colectivo de trabajadores que rozan una situación de pobreza relativa, la de aquellos hogares que ingresan menos del 60% de la renta media. En otras palabras, aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores con los nuevos contratos por horas y con una reforma que implica rebajas salariales.
La proporción de trabajadores españoles que no superan el salario mínimo interprofesional se ha duplicado desde 2004. Los salarios, en los tramos medio y bajo, están congelados en el mejor de los casos. En Europa, sólo Rumanía y Grecia superan a nuestro país en riesgo de pobreza de los trabajadores.
En fin, que a pesar de que se hace mucho en la lucha contra el paro, debemos exigir que se facilite de verdad la contratación de nuevo personal, en especial de los más jóvenes, y que se garanticen condiciones laborales dignas. Es verdad que no es fácil y que se requiere el esfuerzo de todos. Sin embargo, no puede ser que mientras los que más tienen todavía tengan más y los que menos tengan, valga la redundancia, menos y que vivan en condiciones de vida vergonzantes.
La lucha contra el desempleo y la corrupción requiere una profunda revolución en sus postulados, en su metodología, y en su implementación. De lo contrario, las cosas no cambiaran de verdad y, quienes están al acecho para aplicar recetas de todos conocidas, encontrarán el camino expedito para sus periclitados y rancios experimentos.
