Una de las manifestaciones de la presencia de la ética en los gobiernos locales es que la elaboración, aplicación y evaluación de las distintas políticas se realice en todo momento al servicio de los vecinos, de la mejora de sus condiciones de vida. En otras palabras, la existencia digna de todos los vecinos y la efectividad de su libre y solidario desarrollo como personas, constituyen la base de cualquier política local digna de tal nombre. Para ello, como es lógico, es fundamental, escuchar a los vecinos, facilitar su participación real y, sobre todo, darles la información y la atención que les permita considerarse, no meros destinatarios pasivos de bienes y servicios públicos, sino activos protagonistas de la vida local.
Sin embargo, la pretensión de organizar la vida municipal desde arriba, desde las tecnoestructuras, sean políticas, financieras o mediáticas, anula y elimina cualquier atisbo de vida democrática fecunda y real. Justamente es la libertad y la participación, un mayor grado de libertad y de participación, lo que podemos considerar finalidad última de la acción política, y consecuentemente la tarea política, con todo lo que tenga de proyecto y de aportación de soluciones, especialmente en el ámbito local, debe entenderse ante todo como un apoyo a las iniciativas sociales.
En este sentido, hay que señalar que la relación entre ética y política constituye un problema tan profundo como la conciliación de aquellas dos dimensiones –la individual y la social- del ser humano. Posiblemente sólo en la vida, en la aplicación práctica que realiza el hombre justo –el hombre en su plenitud moral- se ve esa conciliación de lo aparentemente opuesto o paradójico. Igualmente la conciliación de ética y política tiene su plenitud no en una teoría sino en la praxis del político honrado, digamos del buen político, para incluir también los calificativos de eficaz y listo, porque un político honrado pero inoperante o tonto no nos serviría de referencia.
Por este motivo, la integración entre ética y política, también en el espacio local, no debe ser conducida sólo por los derroteros de los códigos éticos, de la deontología, con ser la instauración de normas deontológicas de suma importancia en la articulación de la vida democrática. Más bien sería preferible hablar de las cualidades del político, que tanto tienen que ver con su sentido de la realidad, su compromiso con los derechos fundamentales de la persona, su capacidad para el pensamiento dinámico y compatible, o su disposición para el diálogo y, cuándo sea menester, para rectificar los errores que hubiera cometido.
Desde esta perspectiva, ¿cuál o cuáles serían las principales actividades u objetivos de la política municipal?. Para contestar a esta pregunta hay que atender en primer lugar a la realidad que estamos observando en este momento en las sociedades occidentales en la articulación de la vida política municipal. ¿En qué se centra hoy la vida municipal?: en la atención a la tercera edad, a la mujer, en los niños y la educación, en la maternidad, en la promoción del empleo y en los problemas de la marginación... Es cierto que esa preocupación puede deberse a circunstancias políticas interesadas: a la necesidad de captación del voto de determinados sectores de población, a la necesidad de abordar la solución de problemas sociales y culturales –incluso médico-higiénicos- de gran alcance, a la urgencia de resolver déficits demográficos que amenazan el futuro de nuestras comunidades... Sin embargo, en la forma, hay una coincidencia muy acentuada entre esos objetivos políticos citados, los que la pura experiencia nos da cuenta cumplida, y aquellos a los que nos conduce una reflexión racional. La clave está en intentar resolverlos sin caer en la tentación de ahormar la vida social local, sin capturar la voluntad libre de las personas. Contando con los vecinos, convocando a los vecinos, escuchando a los vecinos, hablando con los vecinos. Pero con todos, no con una parte por muy relevante que esta sea.
