El poder público existe por y para la satisfacción plena de las funciones sociales. Tiene una dimensión de Derecho público que se engarza con la propia finalidad de la comunidad política y se extiende a todas las funciones necesarias para la realización de su bien general específico. Por ello, el poder público en su sentido más propio, está vinculado esencialmente al bien de todos, por lo que si se usa en beneficio propio o de grupos determinados se hace una utilización ilegítima, anti-ética del poder público. Las potestades públicas, lo sabemos bien los administrativistas, se justifican en cuanto que sirven al interés general. Entendido, desde una perspectiva abierta, como el ambiente en el que deben promoverse los derechos humanos de todos.
El poder público es encomendado por los ciudadanos a los políticos, no sólo para que realicen una mera y automática ejecución de la ley -función ejecutiva-, sino para que dirijan la comunidad política en orden al bien de todos. Aquí radica precisamente la diferencia entre administrar y gobernar. Es más, el poder público en el marco de la ley, se encuentra vinculado por el bien de todos.
El poder público es un poder de jurisdicción porque debe garantizar el orden fundamental de la sociedad en orden a la realización de todos los fines de la existencia humana. Es también un poder autónomo dentro de sus funciones, pero sin que esa autonomía sea absoluta pues, se encuentra vinculado al orden jurídico fundamental de la comunidad sustentado por la conciencia jurídica concreta y las costumbres jurídicas del pueblo.
