En primer lugar creo que tenemos que ampliar el alcance, el ámbito de la evaluación y de la toma de decisiones y tratar de compatibilizar el criterio de eficiencia técnica con el criterio de eficiencia social, porque en definitiva esto último es lo que nos tiene que preocupar, como optimizar la utilización de los recursos al objeto de maximizar el bienestar de los ciudadanos. Pero pensando en el bienestar global, general, multidimensional, no quedándonos en una visión parcial sectorial del problema.
Bajo esta perspectiva lo más adecuado es analizar la cuestión desde una óptica transversal, para no cometer el mismo tipo de errores que se vinieron cometiendo en España desde hace décadas. Errores que han desembocado en el vaciado de gran parte de los territorios de nuestro país, vaciado de servicios públicos y privados, vaciado de actividad económica y vaciado de población. Los territorios de las áreas rurales, de los pueblos, de las villas de España, están sufriendo un proceso que los economistas denominamos “decausación circular acumulativa”, proceso donde menos población lleva a prestación de menos servicio y menos servicios llevan a menos población en el futuro. Es decir, estamos ante un círculo vicioso donde el vaciado de la España rural se profundiza paulatina y progresivamente. Vaciado territorial que es en terminos globales ineficiente a todas luces, porque está generando no solo costes económicos cuantificables sino también desequilibrios que se traducen en agravios comparativos entre los ciudadanos. Ciudadanos, unos de primera y otros de segunda categoría. Costes cuantificables que afectan por supuesto a los españoles de las áreas rurales pero también a los de las áreas urbanas, porque no es solo cuestión de los recursos que quedan improductivos en el territorio, también tenemos que considerar, por ejemplo, el impacto medioambiental del abandono de los espacios rurales, por no hablar de la degradación provocada por los incendios sistemáticos en nuestros montes y del coste de sus extinción. Y en un contexto generalizado de cambio climático como el que vivimos esto son palabras mayores.
La pregunta del millón que podríamos plantearnos, ¿cuál sería? Pues simplemente, cómo frenar hoy o intentar frenar, el círculo vicioso en el que vivimos. El reto es complicado, ya que estamos ante un fenómeno mundial, aunque más agravado en unos ámbitos que en otros. Pero por supuesto, quien tiene que tomar las primeras medidas, son las propias administraciones públicas. De entrada, no desmantelando servicios públicos, porque, ¿cómo se puede convencer a la población de que se quede en las áreas rurales si quien primero se va es la administración? Y para ello el criterio de los gestores públicos tiene que cambiar radicalmente y pensar en la eficiencia global del sistema público, en el bienestar global de los ciudadanos y no en la parcialidad de la toma de decisiones sectoriales. Porque hacer política con mayúsculas es precisamente eso, pensar en la resolución de los grandes problemas que afectan a la humanidad, y hoy la despoblación del territorio y el cambio climático son problemas de primer nivel.
Tal vez desde Santiago de Compostela se vean muy lejanos, pero desde Verín lo sufren en carne propia, por supuesto.
