El acuerdo político entre el PSOE y ERC prevé la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, alrededor de 15.000 millones de euros, y se propone extender este alivio al resto de las comunidades de régimen común, excluyendo, por tanto, a Navarra y País Vasco.
En el mejor de los casos, sería una medida temporal, ya que, si no se aborda una renovación profunda del sistema de financiación autonómica, el problema volvería a reproducirse. Para eso está precisamente el pacto entre el PSOE y Junts, que mediante una pobre redacción –se supone intencionada–, pero que en el fondo se entiende bien, abre la puerta a un tratamiento singular de Cataluña, cuya ambición de fondo es el cupo vasco. Veamos, pues, las posibles consecuencias.
La condonación de parte de la deuda autonómica, acordada con Esquerra, plantea un desafío legal para Hacienda, que deberá encontrar una fórmula que se ajuste a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Según el artículo 8 de esta ley, una administración no puede asumir las obligaciones financieras de otra. No obstante, los expertos en financiación autonómica sostienen que existen resquicios para eludir esta prohibición a través de mecanismos extraordinarios de liquidez, léase el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Es una salida que podría ser útil para Cataluña, muy endeudada con el Estado, pero no para compensar a otras comunidades, entre ellas Galicia.
Creado en 2012, el FLA sigue siendo el principal componente de los mecanismos extraordinarios de liquidez, al permitir que las comunidades cubran sus necesidades financieras. Aunque concebido inicialmente como un recurso temporal, ha evolucionado y sigue en uso, con la mayoría de las comunidades financiándose a través del FLA o de la Facilidad Financiera (FFF), este último compatible con préstamos de terceros.
Pero la gran operación fiscal no es la pactada con ERC, aunque mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza. Mucho más importante puede ser el acuerdo con Junts. Si sale adelante, Cataluña, que es un aportante neto, dejaría de contribuir con un 20% de los ingresos comunes, lo cual lastraría la solidaridad interterritorial. Cuando desde comunidades como Galicia se defienden postulados así se roza el ridículo, ya que Galicia es receptor de fondos y no aportante neto.
¿Se acaba ahí todo? No. El pacto con el PNV todavía complica más las cosas, ya que la cesión de la gestión de la Seguridad Social le dejará sin soportar las cargas comunes trasvasadas del sistema de pensiones a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, los vascos podrían no pagar su parte de las pensiones no contributivas y gastos impropios que ahora soportan los presupuestos comunes.
Por estas y otras razones, los pactos con ERC, Junts y PNV tienen una gran dimensión económica, eclipsada por el debate de la amnistía. Como dicen los chinos, cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo, y en la comunicación política actual, el consejo tradicional chino de enfocarse en la esencia, no en la distracción, cobra especial relevancia.
Al escuchar a un político, conviene observar quién habla, a quién representa y cuál es su objetivo final. Evitar caer en distracciones y mirar más allá del discurso superficial es esencial para comprender una realidad sujeta a muchos intereses en juego.
@J_L_Gomez
