El Banco de España atribuye a la inflación algo más de la mitad del incremento de la recaudación fiscal en 2022. Según el secretario de Estado de Hacienda, el crecimiento de los ingresos tributarios es del orden del 15%, producto de superar en cerca de 10.000 millones de euros las previsiones presupuestarias, de 244.000 millones.
El aumento de los precios desencadenó mejoras de la recaudación por IVA, IRPF y Sociedades, pero además de la inflación, detrás de la mejora de los ingresos públicos se encuentran el alza de la actividad económica, el aumento del consumo por el ahorro embalsado y el crecimiento del empleo y de algunos salarios.
Tampoco habría que olvidar el afloramiento de la economía sumergida que se ha producido –todavía sin cuantificar– a partir de la pandemia, en parte por la digitalización y en parte porque muchos agentes económicos descubrieron las consecuencias negativas de estar fuera del sistema.
Ante este tipo de análisis, sobre el que existe cierto consenso en el mundo académico, el Banco de España se muestra menos claro, tal vez en aras de imponer una cierta cautela frente al riesgo de nuevas alegrías. Si entra más dinero, que se gaste más, podrían pensar algunos en el Gobierno, pero no en Cibeles.
Tanto es así que el Banco de España habla de la “ausencia de una explicación sobre la naturaleza permanente o transitoria de este fenómeno”, por lo que concluye que “el principio de prudencia aconsejaría no considerar este incremento de los ingresos como permanente.” No vaya a ser se aumente el déficit público, en vez de reducirse, aprovechando esos ingresos no esperados.
Puestos a ser cautelosos, el propio Banco de España prevé para este año “una menor contribución por la previsible desaceleración de los precios”, una manera de poner la venda antes de la herida. Su estudio titulado “Los ingresos públicos tras la pandemia. Residuos fiscales e inflación” pone el acento en la inflación como factor decisivo en la mejora de los ingresos públicos y concede menos protagonismo a los efectos derivados de la actividad económica o a las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis de la pandemia, prolongadas debido a la guerra de Ucrania.
En cuanto a la inflación, se estima que el repunte de los precios podría explicar aproximadamente el 43 % del incremento de los ingresos públicos tras la pandemia. En los impuestos indirectos, como el IVA o los especiales, que se ven automáticamente afectados por la evolución de los precios, el impacto de la inflación sí es inmediato, pero no en otros impuestos tipo IRPF o Sociedades, cuyas bases impositivas se pueden ver afectadas por la inflación con distinta intensidad a lo largo del tiempo.
Una secuencia lógica sería que en este año hubiese una menor contribución de la inflación sobre el IVA –siempre que los precios se desaceleren– y una mayor recaudación por IRPF, debido a los aumentos de las pensiones y de algunos salarios. Claro que la inflación no solo afecta a los ingresos públicos, sino también a los gastos del Estado.
Con la expectativa de nuevas alzas en los tipos de interés y la crisis de precios todavía abierta, el Gobierno mantiene este año la expansión del gasto social, con un aumento del 10%. Las partidas de educación y sanidad también se incrementan, del mismo modo que las inversiones reales, ayudadas por los fondos europeos.
@J_L_Gomez
