El Gobierno sostiene que España va bien, pero se le ha olvidado decir que al menos en relación con los países de su entorno eso no es cierto. Lo ha explicado de manera clara Javier Elorza, que fue embajador de España ante la UE (1994-2000), apoyándose en una fuente solvente: España tenía en 2022 el 85% de la renta media comunitaria medida en paridad de poder de compra (PPC), según las cifras de Eurostat, el servicio estadístico de la Unión Europea, lo que significa que ha perdido 18 puntos de renta per cápita sobre la media comunitaria en estos últimos 15 años. En 2007, un año antes de la crisis financiera de Lehman Brothers, España tenía un 103% de la renta media comunitaria.
España, por tanto, ha dejado de converger con Europa y se aleja de la media comunitaria a un ritmo alarmante. Tanto, que otros países europeos han superado a España en términos de renta per cápita en los últimos años. Malta lo hizo en 2014, seguida de la República Checa en 2018, Chipre en 2019, Eslovaquia y Lituania en 2020, y Estonia en 2021.
El Banco de España ya había advertido sobre esta tendencia preocupante en su Informe Anual de 2022, publicado en mayo, donde señalaba que el crecimiento económico de España en las últimas décadas no ha sido suficiente para lograr la convergencia en el nivel de renta per cápita con la zona del euro, teniendo en cuenta las diferencias de poder de compra.
La cifra del 85% de la renta media comunitaria medida en paridad de poder de compra es significativa porque supone que España vuelve a ser elegible para el Fondo de Cohesión de la Unión Europea al tener menos del 90% de la renta media comunitaria. Elorza plantea una pregunta importante: ¿por qué el Gobierno no está solicitando una partida en la revisión del Marco Financiero Plurianual de 2021-2027 para financiar el acceso de España al Fondo de Cohesión? Esta partida podría representar varios miles de millones de euros para España en los próximos cuatro años.
El estímulo financiero proporcionado a través del programa Next Generation EU fue para hacer frente a la pandemia y se distribuyó según la situación de cada Estado miembro, pero el acceso al Fondo de Cohesión es un derecho que se deriva del Tratado y su Protocolo número 28, destinado a promover la cohesión económica y social en la Unión Europea. Por tanto, el Consejo de la Unión Europea, presidido actualmente por España, debe tomar una decisión antes de que termine 2023, y esta decisión requiere unanimidad.
Nada es ajeno a la pandemia, que golpeó duramente a la economía española, con una contracción del 11,2% en 2020 debido al peso significativo de sectores como el turismo y la hostelería en el PIB. Esto contribuyó al aumento de la brecha de renta per cápita con respecto al bloque europeo. Además, el despoblamiento y envejecimiento de algunas comunidades, junto con la falta de inversión en infraestructuras y servicios, crea un círculo vicioso que afecta directamente al bienestar de la población y merma la productividad.
España afronta, pues, una seria crisis de convergencia con Europa, y la oportunidad de acceder al Fondo de Cohesión es un paso importante para revertir esta tendencia preocupante. Es responsabilidad del Gobierno y de las autoridades europeas actuar con urgencia para abordar esta situación y garantizar un futuro más próspero y equitativo para todos los españoles.
@J_L_Gomez
