El sistema de financiación autonómica ha estado marcado por mecanismos extraordinarios que, si bien surgieron como solución a crisis financieras, han perdurado más allá de su propósito inicial. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado durante el mandato del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha sido tanto un salvavidas como una muleta para algunas comunidades, que derivaron en desigualdades y distorsiones en el panorama financiero autonómico.
Es innegable que, en su origen, estos mecanismos fueron esenciales para que las autonomías cubrieran sus necesidades financieras cuando el acceso al mercado de crédito estaba cerrado. Sin embargo, su prolongada vigencia ha alimentado dinámicas perniciosas, como la adicción al crédito fácil y garantizado en algunas haciendas autonómicas.
El reciente acuerdo entre el PSOE y ERC para la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica, especialmente enfocado en Cataluña, plantea ahora preguntas sobre la equidad en el tratamiento de las distintas comunidades. Sobre el papel, la condonación del 20% de la deuda de Cataluña se presenta como una medida vinculada al impacto negativo del ciclo económico, excluyendo explícitamente la infrafinanciación.
La preocupación sobre el riesgo moral que conlleva la condonación es válida, ya que puede debilitar la disciplina presupuestaria. Sin embargo, el acuerdo ya introducía incentivos a través de tipos de interés bonificados en el FLA, que beneficiaban a las autonomías más endeudadas. Es crucial ahora plantear una reestructuración ordenada y a largo plazo, en línea con las recomendaciones de expertos en 2017.
La situación de partida varía significativamente entre las comunidades autónomas. Madrid carece de deuda con el FLA, mientras que la Comunidad Valenciana y Cataluña afrontan un endeudamiento considerable. Extender el acuerdo a todas las comunidades, considerando la población como indicador, podría implicar una condonación de hasta 85.671 millones de euros. Esta medida beneficiaría a Galicia, por ejemplo, con una condonación estimada en más de 5.000 millones de euros, según cálculos del profesor de economía Xoaquín Fernández Leiceaga.
Si bien una condonación, por definición, alivia la carga financiera, las comunidades más endeudadas seguirán afrontando desafíos. Se supone que cualquier acuerdo debe ir acompañado de condiciones estrictas y la imposibilidad de futuras operaciones con el FLA. Solo así podría garantizarse que las autonomías mantengan una responsabilidad financiera y eviten caer en patrones de endeudamiento insostenibles, como ya ha sucedido.
En el caso específico de Galicia, una condonación representaría un impulso significativo para sus finanzas autonómicas. Reducir gastos financieros y amortizaciones permitiría a la Xunta afrontar con mayor solidez los desafíos del futuro, desde el envejecimiento de la población hasta la modernización productiva.
En última instancia, como sugiere Leiceaga en un artículo publicado en Mundiario, la actitud de los gobernantes debe alejarse de la victimización y centrarse en una estrategia de maximización de la condonación que beneficie al interés general del país. Esto implica superar los intereses partidistas y adoptar medidas responsables que fortalezcan la estabilidad financiera de todas las comunidades. Lo dicho: no hay mal que por bien no venga.
@J_L_Gomez
