Dos grandes debates económicos dominan el escenario político en España: por un lado, están los precios de la luz, el gas y los alimentos, y por otro, los impuestos. Por el contrario, el debate de las pensiones ha desaparecido como el Guadiana, aunque volverá pronto.
En materia de inflación, las medidas monetarias las toma el Banco Central Europeo (BCE), que opta por seguir subiendo los intereses, y las medidas económicas se las reparten entre la Comisión Europea y el Gobierno, sin apenas margen para las autonomías. Hay ayudas, como las de la gasolina, que algo se notan, pero en general la inflación se mantiene alta, a pesar de que este mes ha perdido algo de fuerza –por segundo mes consecutivo– para rondar el 9%, gracias a un respiro de la energía y al efecto base.
En el frente fiscal, si bien hay una cierta tutela de Bruselas, para que no se descuadren más los ingresos y gastos del Estado, los cambios dependen del Gobierno y de las comunidades autónomas. De momento, el ejecutivo de coalición ha renunciado a una reforma fiscal a fondo para quedarse con una protección las rentas más bajas, al aligerarse la carga impositiva de quienes tienen menos ingresos, y un aumento de la contribución de las grandes fortunas. De momento, todo se reduce a una rebaja fiscal para rentas de hasta 21.000 euros y un gravamen para las grandes fortunas, en paralelo con una subida temporal del impuesto de Sociedades para grandes empresas.
A su vez, varias autonomías han movido ficha para reducir las aportaciones por Patrimonio y corregir algunos tramos para que los contribuyentes no paguen más impuestos mientras estén perdiendo poder adquisitivo. Es lo que pasa, por ejemplo, en Galicia, que deflactará el IRPF para las rentas menores de 35.000 euros y bonificará hasta el 50% del impuesto de Patrimonio.
¿Qué pasa con las pensiones, un frente mucho más importante, pero del que se habla menos? La reforma en este caso se hace por partes. Hubo una en agosto de 2021, que vinculó las prestaciones al Índice de Precios del Consumo (IPC), y otra en julio de este año, que reformó de las cotizaciones de los autónomos. De la primera parte quedan pendientes la cotización de los becarios, la prestación de incapacidad temporal de los fijos-discontinuos y la creación de la Agencia de la Seguridad Social.
Ahora toca concretar la revalorización de las pensiones ligada al IPC –competencia del Gobierno– y negociar la segunda parte con los agentes sociales. El gran objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es doble: penalizar las prejubilaciones e incentivar las demoras en la jubilación. Por eso ya hay incentivos para las personas que retrasen su jubilación, con incrementos de la pensión del 4% por cada año extra trabajado.
No parece que se vaya a aumentar de 25 a 35 los años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, pero es probable que haya ajustes graduales de otro tipo, aun sin cerrar. Todo indica que se actuará sobre el periodo de cálculo de la pensión.
Hoy en día para percibir una pensión hay que tener cotizados un mínimo de 15 años y para poder jubilarse a la edad real de jubilación hay que alcanzar los 25 años. Por ejemplo, en 2023 la edad de jubilación sigue en 65 años siempre que se haya cotizado 38 o más años, pero la edad de jubilación sube a 66 años y 6 meses en caso de haber cotizado menos de 38 años.
@J_L_Gomez
