La subida del SMI en 2024 refleja un paso positivo para mejorar las condiciones laborales en España. Sin embargo, la falta de consenso con la patronal plantea interrogantes sobre futuras negociaciones.
Cada año, el Gobierno celebra consultas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales clave antes de determinar las cifras del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este umbral salarial, aplicable tanto a empleados permanentes como a temporales y trabajadores del hogar, se ajusta considerando diversos factores, incluyendo el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional, el aumento de la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general.
Sobre el papel, se trata de un procedimiento de negociación reglado, pero en la práctica es el Ministerio de Trabajo el que decide. Es lo que ha sucedido en esta ocasión, ante la oposición de la patronal a los planes de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La fijación del SMI anual por parte del Gobierno impacta directamente en alrededor de 2,5 millones de trabajadores en España. Este año, la actualización del SMI para 2024 ha llevado a un aumento del 5%, elevando el salario mínimo a 1.134 euros brutos mensuales.
La subida del SMI, aplicable de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024, refleja el compromiso del Gobierno de cumplir con los estándares del Comité Europeo de Derechos Sociales y situar el SMI en el 60% del salario medio.
A pesar de las objeciones de los empresarios, relacionadas con la revisión de precios en contratos públicos y bonificaciones en el sector agrícola, el Gobierno tiró adelante con su compromiso de mejorar el poder adquisitivo de los empleados, siguiendo el guion de los sindicatos.
La medida, que se traduce en un incremento del 54% desde 2018, busca atender el derecho a una remuneración equitativa y suficiente para asegurar un nivel de vida digno a las personas trabajadoras y sus familias. Pero no todo son buenas noticias. La falta de respaldo de la patronal, que inicialmente presentó una propuesta del 3% más un 1% adicional en función de la inflación, introduce complejidades en las negociaciones salariales y plantea desafíos para futuros consensos.
El aumento del SMI no solo responde a la necesidad de garantizar una remuneración justa, sino también a la urgencia de preservar la capacidad adquisitiva frente al crecimiento del coste de vida. No obstante, la resistencia de la patronal subraya la importancia de considerar la productividad en futuras discusiones salariales, una variable que aún no ha sido abordada de manera integral en el contexto laboral español.
La clave para el éxito a largo plazo radica en abordar no solo los aspectos salariales, sino también en encontrar soluciones que impulsen la productividad y la sostenibilidad del sistema laboral. En España, mientras la remuneración mínima aumenta, no se implementan reglas salariales vinculadas a los beneficios y la productividad de las empresas, una práctica común en otros países europeos y en Estados Unidos.
Por otra parte, una subida del salario mínimo que no esté bien fundamentada puede generar distorsiones en el mercado laboral y derivar en un aumento del paro y de la economía sumergida en algunos sectores. En España se están tomando decisiones que a veces no tienen en cuenta circunstancias extraordinarias, que no permanecerán en el tiempo, como los fondos europeos y el aumento de los ingresos fiscales. Es positivo celebrar las subidas salariales, pero sin perder de vista que lo importante es su sostenibilidad.
@J_L_Gomez
