La reciente investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España ha catapultado la ley de amnistía al centro del debate político, eclipsando momentáneamente una agenda económica no menos crucial. Mientras la amnistía acapara la atención, las políticas económicas adoptan un papel secundario, pero su impacto no debe subestimarse.
Uno de los anuncios más destacados del Gobierno es la asunción de una porción de la deuda pública de las comunidades autónomas, partiendo de mejorar la situación de Cataluña, comunidad en torno a la que gira casi todo.
ERC, que lidera la Generalitat, ha priorizado los problemas económicos diarios, como la elevada deuda y sus altos intereses. Por su parte, Junts ha delineado una visión a medio plazo, buscando un régimen fiscal “singular” para Cataluña, un término clave en el acuerdo con el PSOE que apunta hacia aspiraciones similares al cupo vasco. Se ve que ERC y Junts han sabido complementarse. De entrada, una condonación del 20% de la deuda catalana con el Estado, alcanzaría los 15.000 millones de euros. La amnistía política estaría acaparando los titulares, pero las decisiones económicas del Gobierno trascenderán no solo la actual coyuntura, sino que afectarán a todas las comunidades autónomas. Durante años habrá ganadores y perdedores.
Pero no todo será financiación autonómica. En el ámbito fiscal, se prevé una ampliación de la progresividad del IRPF, buscando un tratamiento más equitativo entre las rentas del capital y las del trabajo. Asimismo, se pretende alcanzar un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las grandes empresas, que tributarán sobre el resultado contable.
Hasta junio de 2024 habrá una prórroga de la rebaja del IVA para alimentos de primera necesidad, una medida que afecta directamente a productos esenciales como el pan, la leche, los huevos, las frutas y verduras. A esta medida se suma la gratuidad del transporte público a partir del 1 de enero para jóvenes, adultos mayores y personas desempleadas. Se sigue, pues, la estela de las medidas de septiembre de 2022, cuando se aprobó la gratuidad del transporte de cercanías y media distancia, una subvención que se mantendrá hasta fin de año.
El Gobierno recuperará la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que actualmente está integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, en el ámbito de la política energética, se establece el compromiso de que las energías renovables produzcan la totalidad de la electricidad al final de esta década.
En materia laboral, se incrementarán los permisos de maternidad y paternidad, se trabajará hacia el pleno empleo y se seguirá elevando el salario mínimo interprofesional (SMI) a lo largo de la legislatura, para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. También se prevé una reducción paulatina de la jornada laboral semanal, con una disminución a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025, y se fomentarán los horarios flexibles con incentivos para el teletrabajo.
Para la recepción de prestaciones como la ayuda a la dependencia se simplificarán los trámites y se establecerá un máximo de 30 días. También se flexibilizarán los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital (IMV) para ampliar su alcance y beneficiar a más hogares. Toda una agenda ambiciosa con cuatro años por delante, si la legislatura llega a su fin.
@J_L_Gomez
