A fuerza de parecer reiterativos, no nos queda más remedio que volver sobre el tema. Nos estamos refiriendo a la declaración de luto oficial con motivo de una desgracia, catástrofe o la pérdida de alguien que ha tenido alta representación institucional. En este caso, es una obviedad, porque se trata de expresar una señal de duelo por todos los fallecimientos que está produciendo el COVID-19 y que además supone una lamentable circunstancia que alcanza unos trágicos registros debido a una nefasta causa en periodo de paz.
Pues bien, ante tamaña desgracia, es más que indiscutible que el propio Estado, hace tiempo, debería haber declarado en todo el territorio el luto nacional, cuestión a la que se está resistiendo el Gobierno de Pedro Sánchez y sospechamos que por motivos espurios -la ministra portavoz argumentó que “es mucho más importante concentrar nuestra atención en que todo funcione correctamente”…- Pero lo que ha sucedido es que cada cual lo ha hecho o está haciendo a su libre albedrío -nos referimos a comunidades autónomas o ayuntamientos-, como por ejemplo Madrid o Valencia. Pero la cuestión es que el protocolo del luto oficial establece que para que ondee a media asta cada bandera -estatal, autonómica o local-, previamente tiene que haber un acuerdo mediante decreto de los respectivos estamentos competenciales, Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamiento. Algo que no se está produciendo, debido a que no está regulada formalmente esta declaración, y de ahí el consiguiente caos, donde viendo muchos balcones no se sabe a qué enseñas afecta el luto.
Precisamente la Asociación Española de Protocolo acaba de enviar una carta al director del Departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno, en la cual le insistía en la necesidad de consensuar la actualización de una normativa que regule dicha declaración de luto oficial “así como las situaciones y acciones de duelo nacional, de la organización de actos, exequias o funerales de Estado y de aquellas indicaciones que, desde la Jefatura de Protocolo del Estado, puedan emanar en este sentido”. Y obviamente, se le pide que estas indicaciones han de ser, por su carácter vinculante, claras y precisas “nacidas del necesario consenso con el resto de las administraciones autonómicas y locales” y aplicando criterios y planteamientos que no generen situaciones dispares en cuanto a su interpretación.
Pero al margen de la cuestión operativa o protocolaria, como antes hemos indicado, situaciones como la que estamos viviendo, requieren que nuestros dirigentes actúen con diligencia y premura, y por lo memos se armonicen acuerdos y decisiones.
