Estos días venimos haciendo referencia a las situaciones que está provocando el covid-19, pero no precisamente en cuanto a su incidencia sanitaria o en lo que atañe a las repercusiones en nuestra salud y que, sin lugar a dudas, es lo que más nos debe importar, obviamente. Hemos hablado en esta sección de otros acontecimientos surgidos durante nuestro confinamiento ciudadano.
Por ejemplo, la aprobación de la ley orgánica para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España a través de sus símbolos o el tremendo caos que a nivel protocolario se está produciendo respecto a la implantación del luto oficial y que, en este caso, además, como suele decirse, va por barrios, considerando éstos a autonomías, provincias y ayuntamientos.
Y si hablábamos recientemente sobre este tema, tenemos que volver a sobre el mismo, porque seguimos constatando que la declaración de dicho “luto oficial” continúa provocando desconcierto y a nuestro criterio profesional, errores. Pues tal como indicábamos, para que una enseña institucional esté afectada por el luto y por lo tanto se apruebe que ondee a media asta, el acuerdo o decreto tiene que proceder por parte de la institución o estamento que la tutela. Esto quiere decir que cuando la Xunta acaba de aprobar el decreto de luto durante todo el mes de mayo, éste únicamente afectará a la bandera de Galicia. Y cuando la Diputación Provincial ha hecho lo mismo en un reciente pleno, únicamente le afecta a su bandera específica, por lo que la enseña de España no puede ponerse a media asta, dado que ello es decisión del Gobierno y que todavía no ha aprobado ningún luto. Es, por lo tanto, un error, aunque en los decretos de aprobación se diga que “ondearán a media asta las banderas oficiales”. Sólo atañe a la enseña de su incumbencia. Y porque, de esta manera, y de hacer así las cosas, cuando el Gobierno de España apruebe el luto oficial, entonces comprobará como las banderas del Estado ya están ondeando a media asta…
Y por esta circunstancia comentábamos en otro artículo que es necesario, además de contar siempre con un competente profesional y experto en protocolo, disponer de un reglamento o normativa que contemple y especifique los requisitos necesarios, una fórmula homogénea que determine procedimientos y protocolos -dado que también se producen errores en relación con la incorporación de crespones negros a las enseñas y vemos cómo se están colocando sin respetar las reglas tradicionales-, y de esta manera, contar con una norma consensuada que marque estas directrices, que además son de puro sentido común, pues cada bandera tiene una titularidad y que corresponde a la institución que la aprueba contemplando tanto su diseño como su norma de uso y protocolo. Esta es una permanente reivindicación de la Asociación Española de Protocolo. Pero, de momento, es como clamar en el desierto.
