Persona non grata significa literalmente "una persona no grata" como sinónimo de persona no bienvenida. Para la Real Academia Española es “persona rechazada por un gobierno u otra institución”.
Las declaraciones municipales de persona 'non grata' no son nuevas. Es un título que originalmente deriva de la jurisdicción diplomática y que está contemplado en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, y por el cual un Estado puede vetar la entrada a un diplomático a su país. Fuera de este uso diplomático calificar a alguien en estos términos no tiene consecuencias jurídicas y en el caso de los ayuntamientos carecen de competencias legislativas que les habilite para ello (art. 25 de la Ley de Bases de Régimen local). Estas declaraciones administrativas por parte de un ayuntamiento han sido cuestionadas en cuanto a su legalidad o legitimidad y recurridas, lo que ha propiciado distintas sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.
Hace unos meses, tuvo mucho eco mediático la declaración de persona non grata por parte del ayuntamiento de Pontevedra del presidente en funciones, Mariano Rajoy. Y más recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona quiso hacer lo propio con nuestro monarca, Felipe VI, y de paso a la Casa Real, a propuesta de la CUP, grupo que argumentaba que la institución monárquica es "anacrónica, heredera del fascismo y con connotaciones autoritarias hacia los países ca- talanes". Afortunadamente, la iniciativa, errática, no prosperó
La cuestión es que las nuevas administraciones públicas que han surgido de un tiempo a esta parte en el mapa territorial español, parece que están más preocupadas por inventar y recrear sus competencias que ocuparse de lo que en realidad es prioritario, que es gobernar pensando en los intereses generales que es para lo que han sido elegidos sus representantes.
