El perdón, que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, debería concederlo solamente quien sufrió los daños del agresor. Pero esa justicia nos devolvería a la ley del talión de las sociedades bárbaras y de la sharia islámica; no nos llevaría a la rehabilitadora Constitución española, generosa con quienes asesinaron a casi 900 personas, 300 de las cuales se desconoce su autoría. En este veinte aniversario del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco hay en las cárceles españolas unos 255 criminales etarras, aparte de los 80 en cárceles francesas. Todos piden ser trasladados a prisiones cercanas al País Vasco alegando que su 73 por ciento aprobó solicitar la reinserción individual; el 27 restante sigue incorregible, pero gozará también de la lenidad de la ley. La mayoría dice ahora que deplora sus asesinatos con una fórmula que no requiere un profundo arrepentimiento; además renuncian a la militancia en una ETA derrotada.
Tras dejar mentalmente atrás los muertos –por los que fueron condenados, no por los 300 cuya autoría ocultan--, prometen resarcir a las víctimas de sus crímenes. Nunca ocurrirá porque prácticamente todos alegan ser insolventes. Esperan que el Estado les perdone sin hacer justicia y que las víctimas no proclamen su dolor, mientras dentro de sus ambientes abertzales crean una narración heroica de sus crímenes y sigue cultivándose el odio a los españoles, como si ellos no lo fueran.
A la vez, otra campaña: grupos políticos y medios informativos de toda España piden generosidad con esos criminales y exigen que las víctimas olviden.
