Todavía se recuerda al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, exigiendo aviones especiales y numerosos guardaespaldas para ir a Iraq a investigar, decía, la muerte del cámara de Telecinco José Couso por el disparo de un tanque norteamericano en la toma de Bagdad en 2003. Aquello sólo sirvió para que hiciera turismo, pero apareciendo como héroe que denunciaba a los tanquistas que confundieron los reflejos de la cámara de Couso con un marcador de objetivos. La investigación debería haberse hecho sobre el canal que lo envió sin seguro de vida ni contrato de trabajador fijo, pagándole “por obra” imágenes emitidas, lo que le obligaba a jugarse la vida a cada instante.
El gobierno de Rajoy cambió la ley para evitar espectáculos turísticos parecidos, como el que querían montar en el Tibet persiguiendo a las autoridades chinas por denuncias de algún tibetano, o a las israelíes por las de un palestino. Pero redactó mal la nueva ley porque otro juez de la AN, Eloy Velasco, admitió este lunes una querella por terrorismo de Estado, desaparición forzada y torturas y ejecuciones masivas contra miembros del régimen sirio de Bachar Al Asad, en guerra civil desde hace seis años entre asesinos de todos los bandos.
La causa, a la que se opuso la fiscalía, partió de la denuncia de una siria nacionalizada española cuyo hermano sirio fue torturado y ejecutado supuestamente en una cárcel ilegal del régimen en 2013. Velasco amplía la justicia universal e implica a la AN y al Estado para que le provea de medios en casos que afectan a ciudadanos de nacionalidades distintas a la española. Entre tanto, la AN atiborrada de casos que afectan directamente a españoles en España, con años de instrucciones inacabables, y sus jueces de turismo mundo adelante.
