Frente al reto que plantea el escenario internacional en los indicadores de I+D, el mal posicionamiento de España en estos indicadores y en los recursos destinados a ello, ponen en evidencia una vez más que no logramos alcanzar los niveles de inversión de los países desarrollados entre los que nos deberíamos encontrar.
Para que nuestro país forme parte de este grupo y para asegurar un futuro ya a corto plazo mejor, se debe apostar por una inversión fuerte y estable a nivel nacional y por conciliar el crecimiento con la solidaridad a nivel autonómico.
Hasta ahora el Gobierno está mostrando una incapacidad manifiesta para alcanzar una coordinación efectiva en este campo entre las distintas comunidades autónomas a pesar del recién estrenado ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta falta de mecanismos de coordinación eficaces, unido a la ausencia de una estrategia conjunta y estable para todo el país, contribuyen a aumentar la pérdida de credibilidad que lastra el sistema español y que lo deja en situación desfavorable si se compara con otros de la Unión Europea.
Los informes de la OCDE, los expertos y el propio comisario europeo de Ciencia coinciden en señalar como uno de los mayores problemas de la I+D española su fragmentación debida a las políticas autonómicas que se vienen aplicando.
A la vista de ello, debe ser prioritario para el Gobierno lograr un consenso general en la necesidad de superar, dentro del marco autonómico, estas políticas fragmentadas que frenan nuestro crecimiento y aumentan la pérdida de credibilidad en nuestra I+D.
Si queremos hablar de cambios y oportunidades de futuro, se hace imprescindible una reflexión sobre el papel de las comunidades autónomas en la política de I+D, teniendo en cuenta su implicación cada vez mayor tanto a nivel económico como de transferencias. Pero aún siendo conscientes de la complejidad que encierra el sistema en este ámbito, es necesario insistir en lograr una mejora de la financiación y en una mayor dotación de recursos humanos. Esto exigiría un cambio en las formas de distribución, que en lugar de atender a la presión de determinados intereses y grupos políticos como viene sucediendo con frecuencia, lo haría respondiendo a una política de concertación estable en la que los principios de solidaridad, mérito e interés científico del proyecto, así como la transparencia en los procesos previos a su concesión, serían prioritarios.
Ante esto, ha llegado el momento de poner fin al individualismo en I+D de determinadas comunidades autóno mas, porque España para crecer necesita de la suma de todas. El que exista una considerable diferencia en esfuerzo e inversión en este campo entre las comunidades no debe ser impedimento para establecer un equilibrio ponderado que permita seguir creciendo a las que lo están haciendo, a la vez que se facilita la incorporación del resto.
El Gobierno y las comunidades autónomas más avanzadas en I+D deberían aceptar que crecimiento y solidaridad no son antagónicos, y por lo tanto, no permiten demora el comenzar a dar pasos firmes en este sentido como sería: potenciar iniciativas comunes que respondan de manera más real al entramado autonómico, crear áreas de especialización, evitar duplicidad de proyectos o fomentar la transferencia de conocimiento desde las universidades a las distintas comunidades, poniendo fin al ámbito demasiado localista de algunos centros.
La crisis tan profunda en la que estamos inmersos demanda a nuestra I+D cambios definitivos que no pueden posponerse más porque ella va a ser un pilar imprescindible en el momento de la recuperación económica si queremos mantener o, llegado el caso, recuperar el estatus de potencia.
Esto no será posible si seguimos manteniéndonos en el furgón de cola como en la actualidad, debido a un presupuesto escaso y un sistema fragmentado.
