Sostiene el retentivo Aloysius que desde esta atalaya nos hemos atrevido a lanzar previamente esta misma propuesta, para quien le pueda interesar. Y ahora volvemos a la carga. Según datos de 2017, España ocupaba el tercer puesto en el ranking europeo de consumo de frutas, únicamente superado por Italia y Portugal. Un 77% de la población afirmaba consumirlas regularmente en su dieta diaria. Con las verduras ya era otro cantar, pues aquí el porcentaje nacional descendía al 66%, bastante alejado de Irlanda y Bélgica (ambas con un 84%).
En 2020, el gobierno español comunicaba a la UE su intención de incrementar el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%. Ante esta medida pronto se alzaron voces a favor y en contra. Los opuestos argumentaron que una iniciativa similar de la Generalitat fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de que el Govern intentaba llevar a la práctica una de las recomendaciones de la OMS.
En 2021, la revista Social Science & Medicine publicaba los resultados de un estudio realizado por las universidades de Bath (Reino Unido), Internacional de Catalunya y Las Palmas, evaluando los efectos sobre el consumo de bebidas azucaradas del gravamen que incrementaba su precio. En términos generales, calcularon que la reducción media del azúcar fue del 2.2%, es decir, una 3.7 calorías mensuales por persona. Estos expertos concluyeron que la medida restrictiva había demostrado un efecto limitado y moderado en la modificación de los hábitos alimentarios de la población analizada, y que para que su eficacia fuera importante, los consumidores deberían darse realmente cuenta al pagar en caja del coste adicional de las bebidas con alto contenido en azúcar. Además existía una diferencia entre el impuesto catalán y la propuesta para España, pues mientras el primero era progresivo, incrementándose según los gramos de azúcar por volumen en las bebidas, el nacional establecía un incremento global del IVA desde el 10 al 21%.
Este tipo de medidas, de efecto limitado cuando se aplican de manera aislada, no demostraron un impacto reseñable en la modificación los hábitos poco saludables de la población. Por si no fuera suficiente, los departamentos publicitarios de las grandes multinacionales fabricantes de estas bebidas barajaron reducir el precio final de sus productos, para que el impacto del impuesto apenas se notase en la factura del consumidor. Como han insistido varios expertos en Salud Pública, gravar los alimentos poco saludables debería acompañarse de una reducción en el precio de todos los recomendados por los sanitarios, como por ejemplo las frutas y las verduras.
Hace unos años pude comprobar cómo los niños de una escuela holandesa portaban recipientes con diversas frutas para consumir durante su recreo. Por supuesto, preparados en sus propias casas. Galletas y bollería proscritos. Entonces, ¿por qué no promocionar y potenciar campañas para que los restaurantes enriquezcan sus menús con más verduras y frutas, apostando decididamente por una gastronomía más saludable? ¿Alguien se atreve a recoger el guante? Ahí queda el reto.
