José Pérez adquirió en el año 2007 un piso en hipoteca. Sus padres le avalaron un parte del crédito necesario para adquirir el apartamento. Con la crisis del 2011, a José lo despidieron, su padre se quedó también sin trabajo, y cuando ya no pudo hacer frente al pago, el banco les embargó a los dos sus respectivas viviendas, debiendo continuar con el pago ya que, paradójicamente, aún mantenían una deuda con la entidad financiera.
Sin entrar a valorar la más que trillada secuencia de actos y acontecimiento que dio lugar a la crisis del ladrillo, identificando a sus directos responsables, el Ejecutivo de Rajoy optó por un rescate bancario —aunque perjurando obstinadamente que no se trataba de un salvamento sino de un flotador—, creando un banco malo que se las arreglara con el excedente de viviendas que tenían los bancos, bautizándolo con el ampuloso nombre de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, abreviado, Sareb, un agujero sin fondo que se tragó el remanente inmobiliario, a cambio de que los bancos se libraran de ellos a cambio de una financiación a fondo perdido, como se demostró en Novagalicia Banco por poner un ejemplo, por no decir que hipotecando a los ciudadanos, que junto a José Pérez, han vuelto a pagar al banco por tercera vez el mismo piso, aunque siga siendo propiedad del Sareb. Hasta aquí la bitácora del drama de las hipotecas que tanto sufrimiento ha causado en el país.
Pero lo bueno llega cuando el presidente autonómica de Galicia, en un acto difícilmente definible, afirma que se ofrecerá un alquiler social a los damnificados, comprando viviendas a la banca si es necesario. ¿Lo qué? ¿Pero qué dice este señor? ¿Es que acaso pretende comprar viviendas a los bancos con dinero público para destinarlas a alquileres sociales, haciendo que los ciudadanos paguen por cuarta vez por el mismo piso?
El error viene de lejos: si los españoles sufragan el rescate de los bancos, las viviendas nunca debieron ir a parar a ningún banco malo, sino que deberían haberse enajenado para incorporarlas a parques municipales de viviendas sociales. Pero nada de expropiar las viviendas a los bancos, no, embargarlas, para a´si evitar tener que pagar una vez más por ellas. Si se hubieran entregado desde un principio a los ayuntamientos, ahora no sólo no habría problemas de vivienda sino que los consistorios estarían recibiendo en concepto de alquiler unos sustanciosos ingresos que les permitiría financiarse sobradamente. Porque una cosa es hacer números, otra política, y una muy distinta es administrar.
