Lo que en un principio se mostraba como una simple serpiente de verano parece haber degenerado en culebrón, al más muro estilo de cualquier telenovela, y es que la proverbial improvisación de Rajoy que, a pesar de todo lo sucedido, sigue tirando de la más clara circunstancial sin proponer ni asomo de solvencia ni una solución aceptable.
Cierto que de la coalición independentista catalana no se puede esperar otra cosa que su aspiración a un escaño en la ONU como Estado soberano, aunque a estas alturas, a las claras aspiran a formar un gobierno salido de las urnas convocadas por el Gobierno central y legítimamente refrendadas por los electores convocados a esos comicios. Empecinados unos y otros, no resulta tan difícil establecer quién en este momento está actuando en el límite de la legalidad y quien al margen de la ley, y aunque al ciudadano poco observador le pueda parecer que el transgresor es el independentista, en este momento paradójicamente en este momento el que roza el límite es el Ejecutivo.
Es discutible que el Gobierno central necesitara intervenir la Generalidad. Hubiera bastado con presentar cargos por presunto delito de rebelión contra quienes se estimase oportuno, cesándolos de darse el caso, pero no clausurar el parlamento autonómico ya que esa acción constituye en si misma un atentado contra la voluntad legítimamente expresada por el pueblo. A lo sumo se debería haber sustituido a los sediciosos por los sustitutos de la lista electoral. Pero las cuentas no le salieron a Rajoy, inflado en que arrasaría en el Parlament por mayoría absoluta, dándose de bruces con que la voluntad del pueblo diría otra cosa.
En una muestra más de improvisación, lejos de la limpieza y el sentido común, se optó por disolver el Parlament y convocar elecciones, sin haber hecho una previsión del alcance de esta innecesaria medida. Sin haber hecho sus deberes a la hora de convocar a un grupo de expertos que asesorara sobre la evolución de Cataluña, y de paso haberse tomado la molestia de hacer una oferta electoral mínima con un candidato aceptable, el resultado le estalló a Rajoy en toda la cara al votar la mayoría a las posturas independentistas, quizá no tanto porque el 80% de los catalanes apoyen el Procés sino como voto de castigo al PP por la intervención del Parlament, dándole en todos los morros a Albiol y a un Rajoy que, insatisfecho con sus patéticos resultados en las autonómicas catalanas, se ha empeñado en maniobrar para anular a la coalición que representa a la mayoría del electorado, obviando la estricta prohibición que al respecto establece la Carta Magna.
Lejos de aceptar el veredicto del electorado, el Ejecutivo presiona para evitar que se materialice una voluntad popular indiscutible. Porque si cierto es que Puigdemont no tiene nada fácil presentarse en Barcelona evitando su detención, acabando sí o sí en prisión preventiva, no por representar su libertad en la actualidad riesgo ninguno contra las instituciones, sino por simple incompetencia política de Rajoy que continúa limitándose parchar agujeros esperando que las cosas se solucionen solas por puro desgaste.
Tras la renuncia de Puigdemont, el atropello mayúsculo es a Jordi Sánchez ya que al no existir sentencia que se lo impida, la decisión de impedirle la toma de posesión como President vulnera la Constitución y conculca la ley. Así las cosas Mariano sigue sin haber previsto alternativas para el resto de escenarios posibles.
Pero lo realmente grave es que que con tanta presión presión sobre la judicatura, el Ejecutivo insta a pensar que ordena y manda sobre las decisiones judiciales, dejando en entredicho a la propia Constitución que invoca, así como las garantías, libertades ciudadanas y el propio sistema, y todo por esperar que suene la flauta obviando que para que eso suceda primero hay que soplarla.
