Observando apenas lo aparente resulta fácil dilucidar que la caída de la Cámara de Comercio de Ourense se debe a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2010, que tras su publicación en el BOE del 3 de diciembre suprimía el pago obligatorio de las cuotas a las Cámaras de Comercio, como medida para paliar la situación empresarial en plena crisis económica.
Sin embargo, cuanto se analiza en profundidad, no todas las entidades corrieron igual suerte, aunque en Galicia amenazaban ruina ya en 2014, con ejemplos tan dantescos como los de Ferrol, que tenía cortado internet y adeudaba seis meses de sueldo a sus empleados.
Cámaras como la de Madrid, Granada y Vigo gozan de salud, mientras otras como las de Gijón elevan su presupuesto al crecer sus cuentas hasta un 8%.
La pregunta lógica que gravita en el aire es por qué. Qué diferencia a unas de otras que justifique tan polarizada situación.
Para entenderlo hay que evidenciar dos conceptos, por un lado los derechos y obligaciones de los sindicados y por otro los de las cámaras.
Ello se hace más obvio retrotrayéndose a un pasado donde el pago a la cámara era obligatorio para todo empresario y autónomo que desarrollase actividad económica.
De manera mecánica el recibo se remitía por correo certificado para que el penitente lo abonara en plazo so pena de pagar recargo por demora. El 90% de los penitentes ni siquiera se preguntaban la razón del impuesto, apenas adolecían su arbitrariedad, argumentando que por motivos profesionales unos ciudadanos pagaban más impuestos que otros.
La parte solapada eran las obligaciones de la Cámara, invariablemente omitidas: el impulso a las pymes, autónomos y emprendedores a través de servicios de apoyo especializados, programas de ayudas, gestión de subvenciones, etc. Pero la realidad más prosaica es que se apoquinaba porque sí, sin informar jamás sobre los derecho contraídos, reduciéndose los beneficios a un puñado de privilegiados a costa de la aportación de todos.
Viajes de suntuosas misiones económicas, en ocasiones en provecho de la cuenta de resultados de alguna empresa concreta, aunque muchas veces sin mayor impacto económico en la generalidad de la provincia.
A la desbandada de los descontentos como consecuendia de la derogación, se une la pésima gestión de las sucesivas directivas, con decisiones incomprensibles como contratar fijos a personal excedentario a quien tenían que haber rescindido el contrato, gravando el presupuesto cameral y marchándose luego, dejando la patata caliente a la directiva entrante.
Sobreviviendo con dádivas institucionales para ir saldando las nóminas adeudadas, la Cámara de Ourense se ha convertido en un agujero negro que esquilma a sus empleados.
Llegados a este puno sólo hay dos posibilidades: embargar las instalaciones y que el Fondo de Garantía Salarial haga efectiva las nóminas adeudadas o que, dada su naturaleza de corporación de derecho público, no la Xunta —como estrafalariamente apuntan algunos, pese a no tener vela en este entierro—, sino la Cámara de Comercio de España, que al cabo la de Ourense no es más que una de sus muchas delegaciones, se haga cargo de la liquidación a los sufridos trabajadores, apechugando con los costes del mantenimiento del inmueble.
