Nevamente, la ministra de Trabajo salta a la palestra, abanderada de la subida del salario mínimo, como una bondad a favor del trabajador. Haciéndole coro están esos sindicatos, merecedores de mención aparte, para acabar de entenderlo todo. Vaya por delante el cómputo global del mosaico de industria del país. Por un lado, están las 6.100 empresas con 250 trabajadores, con un total aproximado de 1.525.000 empleados, de las que se debe tener en cuenta factorías de automóviles, telecomunicaciones, obra civil, etc., es decir, grandes empresas privada y otras -clasificadas como estratégicas- de capital mixto o directamente estatales como fabricación de trenes, astilleros, elaboración de armamento y munición, aeroespaciales, transporte ferroviario, gestión del agua, y que al final demuestran no ser la mayor fuente de contratación sino, en términos tanto relativos como absolutos, las que menos empleo crean.
Este dato es de vital importancia porque, junto al empleo en la Administración del Estado y las autonómicas y locales, son las que tienen mayor representatividad de los sindicatos, sin que ello signifique que disfruten de cantidad reseñable de afiliados. Este es un hecho sobre el que se volverá más tarde. Luego están las 27.000 pymes con una nómina de entre 50 y 250 asalariados, arrojando un resultado de 4.050.000 obreros, que suman en total 5.575.000 ocupados.
No obstante, el montante total de la encuesta de población activa se sitúa en el presente trimestre en 21.235.900 total de ciudadanos con empleo. De este dato se infiere que si le restamos los que componen la cuenta de las empresas grandes y medias, el mayor volumen de trabajadores que componen el tejido industrial (15.660.900) se ubica entre pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos. En la mayoría de los casos, este sector, el más numeroso, es donde menos representación sindical existe.
Llegados a este punto es cuando Yolanda Díaz tira la casa por la ventana, sin pararse a valorar las consecuencias -o sí-, lanza una nueva regalía a los aproximadamente 2.400.000 beneficiarios del salario mínimo de 1.080 euros/mes en 14 pagas, a pesar de la plena consciencia de que muchos autónomos no podrán asumir la subida ni disponer de recursos para indemnizar un despido, y es que la madre de toda la historia está ahí, bifurcada en dos sentidos, porque cada vez que se incrementa un salario, el contratante tendrá que hacer frente a nuevas y mayores cotizaciones, por más que la producción continúe siendo la misma.
Lo interesante de todo este batiburrillo se centra en el desglose de la nómina, porque el trabajador tendrá que descontar, entre contingencias comunes, formación, desempleo e IRPF, de los 1.080 de nómina le vienen quedando 936 al mes. Esto quiere decir que, si el Gobierno sube finalmente para 2024 el salario mínimo a 1.123 euros, el trabajador apenas acabaría cobrando unos 30 más que ahora, sin salir de pobre, pero a cambio el Gobierno ingresaría 40.000.000 millones por la subida.
Esta es la realidad de fondo, aunque haya dos más. La primera es que todas esas subidas restan competitividad a la industria nacional, cuyos costes productivos se incrementan exponencial mente, quedando de lado en la competencia por los mercados, hoy globalizados, donde el producto español es rechazado por ser más caro, creciendo las importaciones y desestabilizando la balanza de pagos. La segunda es penosa, ya que pone de manifiesto que los grandes sindicatos se atribuyen el derecho a representar a los trabajadores cuando por volumen de afiliados apenas representan a una minoría. Por eso, cuando le arenguen con que los patronos ratean los salarios, recuerden siempre que quien fija el sueldo de los trabajadores en España no es la patronal sino el Gobierno, disfrutando de una prerrogativa del franquismo a la que no renuncian. En cuanto a los sindicatos, estarán como siempre en los ERE, negociando en cualquier buena marisquería.
