Viene un perro... y le orina. El saber popular nunca traiciona. No importa si por cultura de series televisivas o por empacho de puro telediario, todo el mundo sabe que las drogas y las armas nunca se deben mezclar, principio que igual sucede con el catarro y la diarrea que, viniéndose al tiempo, puede dar en desastre. Aunque al parecer no todas las preclaras mentes de sus señorías estén al tanto, tampoco debería entreverar al alimón política y empresa, porque antes que después acaba por dar un resultado más prosaico aún que la antedicha mixtura de tos y cagalera.
Esta es sin duda una desgracia más que le toca sufrir a la ciudadanía, no siempre avisada, no tanto de lo que se cuece sino de quién lo cocina. Haciendo un inciso cabe recordar aquí que en la negociación colectiva del año pasado, la entonces -y aún ahora- ministra de Trabajo, ninguneando a la mitad de los agentes sociales, léase a la CEOE y el resto de sindicatos, confabuló con UGT y CCOO -a la sazón los que cuentan con un número exiguo de afiliados comparado con la masa laboral del país-, el salario mínimo interprofesional (SMI) para el pasado año 2023.
De lo que no cabe duda es de que para la ocasión, Yolanda Díaz se ha revalidado en su estilo fascistoide, al desdeñar nuevamente a los representantes de la patronal en la negociación del SMI para el presente ejercicio de 2024. Primero le dio puerta a los sindicatos por no ser ambiciosos en sus demandas, amagando amistarse con los empresarios, para acto seguido amenazar a la CEOE, a la postre los comisionados de quienes crean el mayor volumen de empleo que ocupa a los trabajadores, para terminar por imponerles la subida que a la señora ministra le salió de ese ignoto lugar donde termina la espalda y comienzan las piernas.
Leyendo entre líneas se deducen dos cuestiones elementales. La primera, que por más empeño puesto en intoxicar con difamaciones, quien fija los salarios en España es el Gobierno, no los empresarios. Y conste que el Ejecutivo lo hace aprovechando la más obscena prebenda del franquismo, y no porque en sí esa renta ajena sea mejor o peor, sino porque esa misma La Yoly que se pasa el día despotricando contra la Dictadura, no tiene escrúpulo en seguir utilizando sus instrumentos en lugar de derogarlos. Adviértase que el otro elemento en común son los sindicatos, de modo que la próxima vez que se convoque una huelga general exigiendo subidas salariales, tenga bien presente el respetable que no es a los patronos a quien hay que recriminar, sino reclamar a la ministra de Trabajo, y a esos portavoces que poco saben de laborar pero sí mucho de mariscadas.
La otra cuestión está en los costes de producción, algo con lo que a falta del Gobierno, sí tiene que lidiar la empresa, que puede ver afectada su competitividad por un incremento salarial discordante con la inflación. Este asunto condiciona la continuidad de la actividad y, por lo tanto, de la sostenibilidad del empleo, porque si la industria no factura acaba echando la persiana.
Por otro lado no puede dejarse de pasar de largo el fenómeno que tuvo lugar en la reciente votación de la tríada de reales decretos, para cuya consecución el Gobierno -cada vez más descafeinado-, tuvo que pagar peaje a Junts, en tanto que Pedro Sánchez y Bolaños ponían cara de llevar los mojines escocíos, después de pagar derecho de pernada y que desde la romántica distancia, Puchi se la metiera doblada.
Pero ese brutal coito por la retaguardia va a friccionarle igualmente la almorranilla al resto de ciudadanos que, con cargo a los impuestos comunes, beneficiarán exclusivamente a los catalanes. Ni en el País de las Maravillas ni en el Reino del Revés se ha visto jamás tal prodigio: el Ejecutivo destinando el dinero de todos a subvencionar el retorno de las empresas que decidieron marcharse de Cataluña por pura incompetencia, egoísmo y perversión de la Generalidad. Tócate los pies con las exigencias del Puchi, que ahora pretende que a los empresarios que se nieguen le pongan bajo la foto la leyenda de “se busca”. Así va el país por enredar lo que no se debe, y es que ya lo dejaba explicado diáfanamente Winston Curchill al afirmar que la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una vez.
