Semblanza

Desde un acta de inspección a una empresa de comunicaciones, una notificación a un gremio o una nota informativa al público en general, pasando por toda comunicación oficial, cada Ministerio con sus respectivas entidades, departamentos y delegaciones —en este caso, a mayores, sendas secretarías de Estado de Energía y de Medioambiente, respectivamente—,  utilizan documentos membretados que incluyen del papel al sobre, pasando por dípticos, trípticos, folletos, y cuanta documentación y formato requiera su funcionamiento, cuyo coste global supera cifras de seis ceros. Equipo que por otro lado periódicamente hay que reponer, dado que la Administración del Estado es dinámica.

Modificar el nombre de un Ministerio supone despreciar todo el material en uso, el disponible y almacenado —con anterioridad presupuestado y abonado con cargo a los ciudadanos—, encargando el nuevo con los costes que ello supone para el erario. De ahí que cueste entender, no ya que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, modifique el nombre del Ministerio de Industria y Energía por el de Transición Ecológica, si no que Pablo Iglesias, presidente del Gobierno en la sonbra —o no tanto—, se lo haya permitido, viendo la que se avecina con el recibo de la luz.

Ahí queda perdida tanta inversión, esfuerzo y concienzuda selección para elegir como titular de la cartera a Teresa Ribera Rodríguez, quien en 2014  pasó de puntillas por la denuncia del Proyecto Castor por prevaricación medioambiental, como consecuencia de los seísmos causados por el almacén de gas subterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, pese a firmar ella en 2009 la declaración de impacto ambiental, siendo a la sazón secretaria de Estado de Cambio Climático.

Porque ante la inexplicable subida del recibo de la luz, como única y sesuda respuesta ha avanzado que continuará subiendo en los próximos meses. Y todo eso pese a que los costes de producción no se incrementaron de ninguna manera al disfrutar de reservas de agua los pantanos, de luz diurna sobrada para generación de electricidad fotovoltaica , y de disponer de aire suficiente en los parques de aerogeneradores.

Siendo torticero, cualquiera diría que el actual Gobierno de Sánchez junto al Ejecutivo paralelo de Iglesias, están haciendo sus pinitos para calentar luego silla en alguna eléctrica que gratifique con una nómina suficiente como para pagarse viajes a conciertos en avión, o el calentado de la piscina para un chalé de 600.000 euros más hipoteca, de esos asequibles a la mayoría.

Aunque otra igual le calzó Iglesias a Sánchez con el incremento del gasto social, si de obtener su apoyo se trata., dando las cuentas de sí más que las del Gran Capitán. El nuevo modelo que asistencia sanitaria universal tendrá un sobrecoste de 500.000.000 euros al año para atender a los inmigrantes ilegales —bajo condiciones leoninas—, prestando atención a un colectivo que, según denunciaba la ONG Médicos Mundi en 2012, excluía del Sistema Nacional de Salud a 4.755 personas. Haga el respetable números y el montante arroja un resultado de 105.152,47 euros por barba, cifra del todo dudosa que haya llegado a gastar en alguna ocasión ningún inmigrante irregular. La sospecha en relación al desmesurado encarecimiento de esa atención sanitaria en concreto apunta al cazo o, cuando menos, a la lisonja para que una firma proveedora valore un sillón reclinable en un despacho de alto directivo, cuando en un futuro toque abandonar el escaño.

Todo este tejemaneje sucede en tanto, intentando tapar la brutal destrucción de 300.000 puestos de trabajo el 31 de agosto, el errático Subgobierno Central confunde a la ciudadanía diciendo que hay que ir a Vigo mientras mira para Almería, pero poniéndose en camino hacia Valencia acaba en Badajoz. Claro que para administrar, ya sea Pedro, Pablo, o el santoral completo, lo que hay que tener es dinero y tino, algo que escasea mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, mucho ruido y pocas nueces, porque una cosa es predicar y otra repartir trigo.