Lo que seguro define de mejor manera lo público es que la gente piensa que es gratis y los políticos que es suyo. Esta reflexión debería hacer entender que, mantener servicios como la asistencia sanitaria, supone un considerable desembolso que tiene que salir de algún sitio.
Bajo situaciones como la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social, la mayor longevidad y la falta de cotizantes, la sostenibilidad del sistema depende de medidas innovadoras.
Recientemente ha sido noticia que los gallegos pagan al mes por el combustible 6.000.000 euros más que el resto de España, es decir, que el respetable abona 72.000.000 euros anuales a mayores por el carburante, pero no porque el precio de los derivados del petróleo sea más caro en tierras de Breogán, sino por el gravamen atribuido al céntimo sanitario. Precisamente ahí esté el meollo del asunto, que mientras el tiempo de espera para acceder a una intervención quirúrgica en Galicia es de 68 días, en el resto del país ronda los 115, incrementándose la media estatal en 26 días tan sólo en el último año.
En cualquier caso la pirámide poblacional se invierte: la base, que debería ser la parte más ancha, paulatinamente se va estrechando, en tanto la cúspide se incrementa. Cada vez nacen menos niños y la expectativa de vida hace que los ancianos lleguen a edades más avanzadas, lo que se traduce en un contexto social cada vez más alejado del equilibrio entre perceptores de pensiones y potenciales trabajadores.
Pese a que el sistema de pensiones se sostendrá siempre con un patrón impositivo —estructurado como sea, el presente basado en cotizaciones directas—, el actual modelo que promueve el trabajo autónomo hace inviable el sistema. A día de hoy la Administración soporta 8.600.000 pensionistas. España posee un tejido industrial integrado por 19.000.000 de individuos dentro de su población activa, de los que 3.730.000 son parados. Este cociente arroja un total de algo más de 15.000.000 de trabajadores. Un autónomo cotiza 270 euros mientras que la pensión mínima es de 786 con cónyuge a cargo, por lo que hace falta 3 trabajadores en activo para poder pagar a un pensionista.
En un sistema productivo donde las máquinas van sustituyendo a la mano de obra humana, una opción radica en un método impositivo por el que cada unidad mecanizada satisficiera la mitad de la cotización por trabajador enajenado, es decir, si un ingenio desarrolla la actividad de 10 operarios, que el aparato cotizara por 5. De este modo se garantizarían las pensiones, evitando al Estado partidas presupuestarias par cubrir subsidios que podría destinarse, lo mismo a otras objetivos que a abaratar los impuestos a la generalidad de la ciudadanía.
La pregunta subsiguiente es en qué beneficiaría al empresario ese tributo. Pues muy sencillo: más perceptores de pensiones de jubilación y con mayor poder adquisitivo repercutiría en un incremento del consumo, un flujo intensificado de circulación del capital y, por consiguiente, una mayor generación de riqueza.
La conclusión es clara: España, al igual que el resto de países occidentales, tendrá que importar trabajadores que se arraiguen en territorio nacional par suplir la falta de nacimientos si pretende que el actual sistema sea sostenible. Eso llevará a una mayor diversidad cultural al recibir inmigrantes de distintos pueblos. Seguramente —sin dramatismos—, la respuesta generacional sea un mayor nacionalismo, tanto para los nativos como para los descendientes de foráneos, pero a cambio se observará la desaparición de radicalismos a medida que el río de la riqueza fluya de norte a sur, como ya sucedió con la península Ibérica bajando hacia África septentrional. Galicia al final será un país multiétnico, pluricultural y con distintos colores de piel pero, en resumen, un territorio más rico.
